Un nuevo frente de guerra ha sido abierto por el gobierno de Puebla: educación superior y media superior que no esté controlada o sometida formal y políticamente a sus decisiones y proyectos.
Ahora va para reducir la influencia social, académica, política, financiera de la educación media superior y superior que en algún momento no lo hayan apoyado en sus proyectos y querencias, que no se hayan sometido a su voluntad, o que hayan diferido en sus propuestas.
El apoyo a Guillermo Jenkins de Landa y la corriente que representa ha sido abierto, claro y obvio. Son 720 millones de dólares que se pretenden recuperar y los beneficios en que la empresa UDLAP puede derramar sobre Puebla. Y sobre algunos poblanos.
La presencia y apoyo de la policía estatal y la declaraciones de Luis Miguel Barbosa no dejan lugar a dudas.
La disputa, en entidades federales, ha dado los elementos jurídicos y policiales para actuar en beneficio de una causa en acuerdo con el gobierno de Puebla.
No hay duda.
El Consejo Coordinador Empresarial, la COPARMEX y el Consorcio Universitario, en tanto entes, organizaciones, instituciones que se mueven en Puebla han externado su opinión, su posición y han sido recriminados por el gobernador en defensa de la presencia y “recuperación” policíaca en la UDLAP.
Y amenaza: “Este es un asunto, esta bola de nieve va a crecer. Si no se ponen de acuerdo, van a empezar a aparecer más revelaciones de la forma en cómo se manejó La Fundación Mary Street Jenkins y todo lo que ha ocurrido en ella y de la Universidad de las Américas”.
Se trata, sin duda, de una disputa empresarial.
Que pone en riesgo la estabilidad y calidad académica de la UDLAP.
Pero eso les ha valido madre y han actuado sin el cuidado a quienes han confiado su educación a la UDLAP.
El Consorcio Universitario ha sido claro, no se ha manifestado a favor de ninguna de las dos partes en conflicto. Su preocupación ha sido la calidad académica y los estudiantes.
Pronto pueden, cuidado, ir también por ellos.
Una más.
Los centros escolares del Estado de Puebla, han sido obligados a renunciar a la incorporación a la BUAP.
Que regresen a casa aunque los planes y programas sean malos.
No pos si, ahora es el turno de la educación superior y las cuentas pendientes se tienen que cobrar.
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Luis Enrique Sanchez Fernández es periodista; ha escrito para impresos en papel, radio, televisión y portales digitales. Es universitario, historiador y cronista.
