Los diputados del PT, Morena y PES de la Comisión Inspectora en el Congreso del estado aprobaron, con el rechazo del PRI y PAN, la reapertura de las cuentas públicas del exgobernador Rafael Moreno Valle, por presunta malversación de recursos por un monto de 38 mil 311 millones de pesos.

José Juan Espinosa Torres, presidente de la Comisión Inspectora, intentará emular a Moreno Valle al tratar de usar de garrote político las cuentas públicas, y es que fue un error de la LIX Legislatura, la cual estuvo dominada por morenovallistas lo que les deja abierta una puerta para revisar nuevamente sus cuentas púbicas de 2016 y enero de 2017, para verificar el manejo de recursos públicos.

La solicitud se fundamentó en que los morenovallistas aprobaron la cuenta parcial 2016 en dos tantos y no elaboraron un dictamen general correspondiente a ese año, como lo establecen las nuevas disposiciones nacionales en material de fiscalización.

Al respecto, Espinosa Torres afirmó que el Artículo 115 Constitucional obliga a la Auditoría Superior a reabrir las cuentas de expedientes parciales. Y aseguró que, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera del 2016, obliga a los entes públicos a reportar cualquier tipo de obligación financiera y deuda, incluyendo los PPS, lo cual no fue reportado por la LIX Legislatura.

No es política

La diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo aseguró que la solicitud de revisión no obedece a intereses políticos, sino a esclarecer aspectos financieros que no han tenido respuesta, observados incluso por la Auditoría Superior de la Federación.

Destaca irregularidades por más de 1 mil 75 millones de pesos por obras ejecutadas con sobrecostos, irregularidades en los recursos ejercidos de los programas 2016 para el agua potable, alcantarillado, saneamiento para zonas urbanas, tratamiento de aguas residuales y el Fondo Metropolitano, observaciones en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y la deuda de los PPS.

Romero Garci-Crespo recordó que desde el Senado se ha exigido que se aclare el posible beneficio que obtuvieron Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika con la instalación de la automotriz Audi en San José Chiapa.

Aunque los dictámenes fueron solicitados a la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, presidente de dicho organismo, dejó entrever que no presentará la documentación debido a que los ejercicios fiscales del exmandatario ya fueron juzgados y cuentan con un principio de definitividad.

“Cuando recibamos la solicitud, fundada y motivada, daremos la respuesta correspondiente fundada y motivada, el principio de legalidad reitera que solamente debemos hacer lo que la ley señala, no podemos salir de la ley”.