El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras entidades, expresaron su preocupación por las reformas aprobadas la noche del miércoles por la Asamblea Legislativa para que menores de edad sean encarcelados en prisiones de adultos.

Unicef contextualizó que “estas reformas habilitan que personas menores de edad privadas de libertad, por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, cumplan su detención provisional o pena de prisión en centros penitenciarios de adultos, administrados por la Dirección General de Centros Penales”.

Aunque el decreto señala que los adolescentes estarían en pabellones separados, “la administración de los centros pasaría a manos de una entidad que no cuenta con especialización en niñez y adolescencia, y las medidas serían cumplidas en centros originalmente diseñados para personas adultas”, señaló en un comunicado difundido en Panamá.

El Congreso aprobó reformas a la Ley Penal Juvenil para que “los menores de edad pertenecientes a pandillas cumplan sus condenas en centros penales de adultos cuando hayan sido encontrados culpables de cometer delitos de crimen organizado”, según informó el órgano Legislativo.

Señaló que con las reformas “se evitará que estos menores reciban el mismo tratamiento penal de quienes han cometido delitos de menor gravedad o delinquido de manera aislada o eventual”.

Además, aprobaron reformas a la Ley Penitenciaria para que al ser trasladados a los centros penales comunes, estos jóvenes sean separados en pabellones hasta que cumplan 18 años y “que una vez tengan la mayoría de edad deberán ser sometidos al régimen general de adultos”.

Para Unicef, “las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como otros instrumentos internacionales, en cuanto al trato y las condiciones a observar para la privación de libertad de personas menores de edad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia”.

Además representan “un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”.

“Existen abundantes evidencias de que internar adolescentes en un centro o prisión diseñados para personas adultas pone en peligro su seguridad básica, su salud, especialmente en lo que respecta a su desarrollo psicológico y emocional, así como su capacidad para mantenerse en el futuro al margen de la delincuencia y reinsertarse positivamente en la sociedad”.

Además de Unicef expresaron su preocupación El Comité de los Derechos del Niño (CRC), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).