Por Angélica Beltrán

Lo que hoy enfrenta Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, parece más un linchamiento político que un auténtico proceso de justicia. Tras la detención de Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad en Tabasco, acusado de encabezar al grupo criminal La Barredora, el senador ha quedado políticamente acorralado. Aunque en lo judicial parece protegido —pues la información derivada de las declaraciones fue blindada por cinco años.

Resulta llamativo que las denuncias contra La Barredora provengan de actores de Morena, particularmente del gobernador tabasqueño Javier May, quien al inicio de su gestión pidió a la Fiscalía local abrir investigaciones contra esa organización criminal. Esto alimenta la percepción de que detrás del caso hay rivalidades políticas internas.

Además, la situación de Adán Augusto no puede desligarse de su confrontación con Ricardo Monreal. En diciembre pasado, al iniciar la legislatura, el senador López Hernández denunció desde la tribuna irregularidades financieras heredadas por Monreal en su paso por la Junta de Coordinación Política del Senado. La acusación tensó al máximo la relación entre ambos y obligó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir como mediadora.

Cabe recordar que meses antes Monreal había sido blanco de una ofensiva política desde Campeche, encabezada por la gobernadora Layda Sansores a través de su programa Martes del Jaguar. Aquella campaña buscó desgastar a un contendiente en la carrera presidencial de Morena. Hoy, el guión parece repetirse, pero con Adán Augusto en el papel del acusado.

Otro elemento es el papel del llamado “grupo Tabasco”, liderado por López Hernández, que nunca ha sido cercano a la presidenta Sheinbaum. En este contexto sorprende la rapidez de las investigaciones, la extradición y el proceso contra Bermúdez, impulsados directamente por la mandataria. Podría obedecer a presiones de Estados Unidos o bien a la prioridad de Sheinbaum de exhibir mano dura contra la corrupción, pero también a la intención de debilitar a un grupo incómodo dentro de la 4T.

La pregunta que queda en el aire es si se trata de justicia tardía o de revancha política. Y resulta por lo menos curioso que estas acusaciones no se ventilaron durante el sexenio de López Obrador, sino apenas en los primeros meses del gobierno de Sheinbaum. Aunque, cabe señalar, desde 2018 la fiscalía de Tabasco ya había abierto investigaciones a petición de Javier May, y durante el periodo en que AMLO fue presidente se ordenó la destitución de Bermúdez, aunque el ex funcionario mantuvo sus operaciones criminales.

Hoy, las acusaciones vinculan a Adán Augusto con el robo de combustibles por vía marítima, lo que lo ha dejado debilitado políticamente y sin respaldo visible dentro de la 4T.

Mientras tanto, Ricardo Monreal sonríe y se exhibe como operador político confiable, tejiendo alianzas con gobernadores, y con una agenda activa que refuerza su liderazgo. Así lo constatan los encuentros recientes con los gobernadores Eduardo Ramírez (Chiapas), Alejandro Armenta (Puebla), Julio Menchaca (Hidalgo) y su hermano David Monreal (Zacatecas).

Así, a un año de iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum, el tablero político muestra dos escenarios contrastantes: Monreal suma apoyos y fortalece su liderazgo, mientras que Adán Augusto se encuentra debilitado, sin aliados y señalado como símbolo de corrupción, pasando de ser el “hermano político” de López Obrador a convertirse en un político aislado y vulnerable.