La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión vinculó a proceso a cinco policías y un juez calificador de Izúcar de Matamoros, por la agresión en marzo de 2023 contra dos periodistas de la región, presuntamente por orden de la alcalde Irene Olea Torres.

A más de un año de la agresión y tras varios retrasos, el martes 16 inició la audiencia que duró más de 15 horas por las acusaciones de tortura, detención ilegal, abuso sexual y abuso de autoridad contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.

Tras revisar y validar más de 100 pruebas presentadas, la juez Lidia Alonso Sánchez determinó que fue ilegal y arbitraria la detención de las reporteras, por lo que decidió vincular a proceso a los señalados para dar comienzo al juicio penal en su contra.

Los funcionarios vinculados a proceso fueron identificados como Abel S., Víctor V., Abraham N., Jonathan N. y Mariela M., todos policías de Izúcar de Matamoros, además de Jesús V., juez calificador del ayuntamiento de la alcalde saliente Irene Olea Torres.

Fue entre el 10 y el 11 de marzo de 2023, durante la marcha del 8M celebrada en el municipio de Izúcar de Matamoros, cuando las dos periodistas fueron detenidas por policías municipales acusadas de hacer pintas en un edificio de gobierno mientras cubrían las actividades del colectivo Marea Púrpura.

Aquel día, casi 20 elementos policiacos les cerraron el paso y trasladaron a una subcomandancia donde permanecieron incomunicadas durante seis horas mientras recibían amenazas, golpes y las tocaban de forma lasciva en los senos y genitales para luego desnudarlas y obligarlas a hacer sentadillas.

Durante varios meses el caso se estancó hasta que fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) que estableció que las hermanas Hoyos López sufrieron tortura.

Además de los vinculados, hay más funcionarios involucrados en el caso, como Marco E., director de Seguridad Pública Municipal; Yeralda V, auxiliar jurídica de la Sindicatura, y Luis P. asesor jurídico; Santiago M., coordinador jurídico del municipio y Omar F., síndico municipal.

El caso también destaca por el homicidio de María del Socorro, funcionaria del gobierno municipal de Izúcar de Matamoros y testigo protegida de la FGR, quien fue ejecutada en junio mientras se encontraba en un negocio propiedad de su familia días antes de que tuviera que testificar.