Tras una audiencia de más de 15 horas, el juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La audiencia, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, comenzó después de las 12:45 horas del lunes 11 de agosto y concluyó pasadas las 03:00 horas de este martes 12 de agosto. Al encuentro asistieron familiares de los estudiantes desaparecidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exmandatario de los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, bajo la hipótesis de que ocultó información relevante y no actuó para salvaguardar a los estudiantes tras los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Uno de los principales señalamientos de la FGR se basa en testimonios protegidos que sostienen que Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, donde presuntamente quedó registrado el traslado de los normalistas por parte de elementos de seguridad y civiles armados.

La defensa presentó 31 datos de prueba para desacreditar esas acusaciones, además de los testimonios de Jesús Martínez Garnelo, exsecretario de Gobierno estatal, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador de Seguridad y Transporte Aéreo. Ambos aseguraron que el entonces gobernador no se encontraba en Guerrero el 29 de septiembre de 2014 y que ese día estaba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El abogado defensor, Guillermo Barradas, sostuvo que durante la audiencia se evidenció la falta de sustento de las acusaciones y anunció que apelarán la resolución del juez.

La defensa también cuestionó el valor probatorio de declaraciones atribuidas a Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Sapo”, exlíder de Guerreros Unidos, quien habría señalado vínculos entre el grupo criminal, la campaña de Aguirre y el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Los abogados argumentaron que esas declaraciones fueron obtenidas mediante tortura.

Pese a los argumentos de la defensa, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. Aguirre Rivero permanecerá preso en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

La próxima audiencia está prevista para diciembre, cuando se llevará a cabo la integración y el desahogo de nuevas pruebas relacionadas con el caso.