Las autoridades federales vincularon a proceso a los activistas Renato Romero Camacho y Pascual Bermúdez Chantes, defensores del agua, tras una denuncia interpuesta por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

La acusación se basa en los bloqueos realizados en la autopista México-Puebla, considerados como una interrupción de las vías generales de comunicación, informó Tonatiuh Sarabia, abogado de los activistas al salir de la continuación de la audiencia de formulación de imputación.

El abogado explicó que ahora se abre un periodo de dos meses para realizar la investigación complementaria, en la que ambas partes deberán presentar sus argumentos.

A pesar de la vinculación, no se impusieron medidas cautelares a los activistas, lo que les permite continuar participando en manifestaciones. Sin embargo, tienen la obligación de presentarse en la próxima audiencia programada para el 5 de noviembre.

En tanto, la defensa anunció que impugnará la vinculación a proceso, pues hubo errores por parte del ministerio público, como la reclasificación de los cargos e incluso el artículo que están utilizando es la clave de la imputación contra los defenseros.

Sarabia explicó que CAPUFE está utilizando el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que contempla penas de prisión y multas para quienes dañen o interrumpan estas vías o sus servicios.

Finalmente, el abogado señaló que la denuncia tiene un trasfondo político-social, vinculado a problemas de gobernabilidad en Puebla.

Renato Romero, por su parte, reafirmó su postura de resistencia, asegurando que ni él ni Pascual negociarán su absolución con el Estado ni con la parte denunciante, manteniéndose firmes en su lucha por el agua y los derechos comunitarios.