Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, son los casos “más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018”, advirtió el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al referirse a las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido en los últimos 6 años.
En el marco de la presentación del Informe 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), González Pérez recriminó al priista el aumento de violaciones a derechos humanos cometidas por las dependencias encargadas de la seguridad.
“México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto a los derechos humanos, tampoco se ha logrado fortalecer nuestro entorno democrático de Derecho ni se ha logrado modificar positivamente el entorno que, cuando inició su mandato, ya enfrentaban millones de mexicanos: inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”, criticó.
Tan sólo en 2017, las recomendaciones que emite la defensora aumentaron en 17 por ciento, las cuales fueron dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El costo
“Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo, no a cualquier medio”, inquirió el representante de la CNDH, que en 2017 emitió 97 recomendaciones, cinco por violaciones graves, ocho del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tres generales.
Por su parte, Peña Nieto aseguró que su administración ha demostrado absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento a las recomendaciones de la institución.
Además, presumió que su gobierno va “por la dirección correcta” en esa materia, y adelantó que en los ocho meses que restan de esta administración, se avanzará para que las garantías individuales pasen del papel a la práctica.
“Un gobierno que respeta, escucha y trabaja con la sociedad civil, es un gobierno que comprende que la verdadera democracia se construye mediante un diálogo permanente con los ciudadanos”, aseguró el presidente que en una ocasión anterior acuso a la sociedad de hacer “bullying” a las instituciones públicas.
“Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil que condenan, que critican y que hacen ‘bullying’ al trabajo que hacen las instituciones del Estado Mexicano”.
