Por Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz

Hay comunicados que buscan fijar una postura y terminan exhibiendo la insuficiencia de quienes los firman.

COPARMEX Puebla reaccionó este sábado ante la decisión de Volkswagen de México de suspender indefinidamente uno de los tres turnos de producción de Jetta y Tiguan. Su posicionamiento habla de preocupación, empatía, competitividad, dignidad de las personas y, por supuesto, de “diálogo social”.

Todo muy correcto.

El problema es que Puebla ya no está para comunicados correctos.

Volkswagen no está anunciando una mesa de trabajo. Está reduciendo capacidad productiva. Las estimaciones publicadas sobre el número de trabajadores potencialmente afectados varían considerablemente: algunos medios hablan de alrededor de 786 u 800 y otros elevan la cifra hasta mil 350. La empresa, hasta ahora, no ha precisado públicamente una cantidad definitiva. Lo que sí confirmó es la eliminación por tiempo indefinido de un turno en el segmento donde fabrica Jetta y Tiguan. (jornada.com.mx)

Eso debería encender todas las alarmas.

Porque detrás de cada trabajador de Volkswagen hay una familia, pero detrás de Volkswagen hay también cientos de proveedores, empresas logísticas, talleres, restaurantes, comercios, arrendadores y pequeños negocios cuya economía depende directa o indirectamente de la actividad de la armadora.

Volkswagen no es una empresa más para Puebla. Es una de las columnas sobre las que durante décadas se construyó buena parte de la economía industrial del estado.

Por eso sorprende la tibieza.

COPARMEX no necesita solidarizarse únicamente con los trabajadores. Necesita ejercer precisamente aquello que presume representar: el poder empresarial organizado.

Necesita exigir.

Exigir al Gobierno del Estado que presente inmediatamente un programa emergente de protección del empleo y de apoyo a la cadena automotriz poblana.

No dentro de tres meses.

No después de instalar cinco mesas de trabajo.

Ahora.

Porque la crisis puede no detenerse en Volkswagen. La propia empresa atribuye la decisión al difícil contexto de la industria automotriz mundial y de Norteamérica. Y ése es precisamente el dato que debería preocupar más: estamos frente a un problema estructural, no frente a un pleito circunstancial entre empresa y sindicato. (latinus.us)

Y ahí aparece una pregunta inevitable.

Si las circunstancias económicas cambiaron, ¿no deberían cambiar también las prioridades del gobierno?

Puebla tiene comprometido un Sistema de Transporte por Cable cuya inversión anunciada asciende a aproximadamente 6 mil 753 millones de pesos. El proyecto contempla cuatro líneas y una demanda estimada cercana a 19 mil usuarios diarios. En julio, además, se reportaba un avance físico de alrededor de 2 por ciento frente a un avance financiero superior a 32 por ciento. (eleconomista.com.mx)

El gobierno sostiene que el Cablebús generará beneficios sociales, integración con RUTA, disminución de tiempos de traslado y atención a aproximadamente 774 mil habitantes en su zona de influencia. Es un argumento que merece discutirse seriamente. (puebla.gob.mx)

Pero justamente eso significa gobernar: establecer prioridades cuando cambian las circunstancias.

La pregunta ya no es solamente si el Cablebús es bueno o malo.

La pregunta es si, ante la posibilidad de que cientos de familias pierdan su principal fuente de ingreso y de que la industria que durante décadas sostuvo buena parte de la economía poblana comience a contraerse, resulta razonable mantener exactamente el mismo orden de prioridades presupuestales.

No estoy diciendo que puedan tomarse mañana seis mil millones de una obra contratada y repartirlos entre trabajadores. El presupuesto público, los contratos y los compromisos financieros no funcionan así.

Estoy diciendo algo mucho más elemental:

hay momentos en que gobernar obliga a revisar prioridades.

Y hay otra cuenta pendiente.

El Gobierno de Puebla destinó 30.3 millones de pesos a la película animada Canas al Aire. La cifra ha sido reconocida públicamente y el propio secretario de Arte y Cultura informó recientemente que la producción sería estrenada durante agosto. (econ2025.e-consulta.com)

Treinta millones quizá sean poca cosa dentro de un presupuesto estatal de más de 131 mil millones de pesos.

Para una familia que se queda sin salario no lo son.

Y ése es precisamente el problema político.

Cuando hay abundancia, un gobierno puede permitirse defender proyectos culturales, turísticos, cinematográficos o de infraestructura con argumentos de largo plazo.

Cuando comienza a temblar el empleo, cada peso público adquiere una dimensión distinta.

Por eso sería saludable que el gobierno transparentara de manera exhaustiva cuánto se ha pagado por Canas al Aire, mediante qué instrumentos, qué entregables existen, quiénes fueron beneficiarios de esos recursos y cuál será el retorno público de semejante inversión.

No porque hacer cine sea incorrecto.

Sino porque gastar dinero público exige explicar por qué ésa era la mejor utilización posible de ese dinero.

Y ahora Volkswagen acaba de modificar el contexto.

COPARMEX Puebla dice que necesitamos “diálogo social”.

De acuerdo.

Pero el diálogo sin decisiones termina convirtiéndose en una extraordinaria tecnología burocrática para administrar problemas mientras éstos crecen.

Puebla necesita algo bastante más incómodo.

Necesita empresarios capaces de exigirle al gobierno.

Necesita un gobierno dispuesto a revisar prioridades.

Necesita un programa extraordinario de empleo, capacitación y reconversión laboral; incentivos temporales para empresas de la cadena automotriz que preserven puestos de trabajo; apoyo a proveedores vulnerables; atracción acelerada de inversión industrial y, sobre todo, una estrategia para disminuir la enorme dependencia de la economía poblana respecto de unas cuantas grandes armadoras.

Y necesita hacerlo antes de que lleguemos a la fotografía que nadie quiere ver:

cientos de trabajadores saliendo de Volkswagen con su liquidación en la mano mientras, a unos kilómetros de distancia, el gobierno continúa explicándonos las bondades de sus grandes proyectos.

Porque entonces la discusión dejará de ser económica.

Será inevitablemente política.

Y hay una regla que cualquier empresario debería conocer:

cuando las condiciones del mercado cambian, las organizaciones inteligentes cambian sus prioridades.

Los gobiernos deberían hacer exactamente lo mismo.

Semblanza

Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz. Profesor-investigador universitario, doctor en Administración, consultor y analista de asuntos públicos. Especialista en administración pública, inteligencia artificial, big data y toma de decisiones. Columnista y ensayista.