La estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a los cuestionamientos sobre los nexos entre el crimen organizado y políticos de Morena ha impulsado el control de la narrativa mediática, advierte una publicación del influyente diario estadounidense The Wall Street Journal.

En un artículo de opinión firmado por la periodista Mary Anastasia O’Grady, la columnista sostiene que la corrupción y la seguridad se perfilan como temas centrales de cara a las próximas campañas electorales, por lo que la administración federal busca establecer mecanismos para limitar el escrutinio público y silenciar a los críticos.

El centro de la polémica gira en torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Según el análisis del Wall Street Journal, esta normativa otorga al Estado facultades para evaluar la veracidad de la información periodística y determinar si las declaraciones difundidas en espacios informativos son de interés público. Para O’Grady, esto convierte a una instancia gubernamental en un “árbitro de la verdad”, legitimando de facto la censura.

“La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirma que la iniciativa busca proteger al público de las noticias falsas. Sin embargo, al convertir a una agencia gubernamental en árbitro de la verdad, la iniciativa presidencial legitima la censura”, escribe la columnista.

Riesgo de autocensura y presión económica

El texto subraya que la imposición de multas y sanciones económicas por supuestas infracciones verbales o notas “descontextualizadas” podría generar un efecto inhibidor en la industria de la radio y la televisión.

Ante el temor de sanciones devastadoras, la autora advierte que los medios de comunicación podrían optar por la autocensura, en tanto la Cámara Nacional de la Industria Radiotelevisiva (CIRT) ha calificado las directrices como ambiguas, señalando que otorgan al gobierno el poder discrecional de definir qué es información falsa.

Continuidad de la 4T

O’Grady vincula estas medidas con una tendencia más amplia de control institucional iniciada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando un “lento estrangulamiento del pluralismo democrático” que se ha profundizado con polémicas reformas, como la elección de integrantes del Poder Judicial.

Asimismo, la columnista cita un ensayo publicado en la revista Nexos por los investigadores de la UNAM Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte, quienes advierten sobre un Estado con capacidades reforzadas para vigilar y sancionar sin contrapesos judiciales efectivos.

Frente a las elecciones intermedias, donde temas como el narcotráfico y la seguridad pondrán a prueba la popularidad del partido gobernante, O’Grady concluye que el control de la información es una prioridad para la estrategia oficialista:

“El poder que tendrá el Estado para controlar la radio y la televisión es indiscutible […] Quizás sea un milagro que, tras tantos años de Morena en la presidencia, aún queden vestigios de la libertad mexicana. Quién sabe por cuánto tiempo”, puntualiza el artículo.