María Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas, informó que la deuda pública que heredó el morenovallismo asciende a 44 mil 187 millones de pesos al cierre 2022 y el gobierno del Estado destinó un importe anual promedio de 3 mil 281 millones de pesos para estos compromisos como APP y PPS.

Refirió a diputados durante la glosa del Cuarto Informe de Actividades del gobernador Miguel Barbosa Huerta, destacando que con esta aportación las obligaciones del estado redujeron 3.79% en términos nominales y 10.99 % en términos reales en los últimos 3 años.

Presumió que durante 2022 se logró un equilibrio fiscal que permitió finanzas públicas sanas, bajo la visión del finado gobernador, además que se siguió su visión y no se endeudó al estado, y por el contrario se supervisó el ingreso y gasto, atendiendo con los recursos disponibles las necesidades del estado.

Recordó que de los más de 110 millones de pesos que el Congreso local les aprobó en 2022 para ejercer, el 62 % se destinó a rubros de salud, bienestar, educación, seguridad y campo.

También dijo que mil 237 millones de pesos se destinaron a las acciones en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

Con disciplina financiera se logró un ahorro por más de 2 mil 300 millones para que trabajadores al servicio de los poderes del Estado puedan contar con una pensión, sin embargo, se requieren al menos 2 mil 500 millones.

Para salud se destinaron 11 mil 901 millones para atender a personas sin seguro social, adquirir medicina y poner en marcha el servicio gratuito de diálisis y hemodiálisis en los Hospitales del Niño Poblano, el Gral. del Norte, del Sur, Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango.

En Seguridad Pública se devengaron 3 mil 979 millones para gastos como la entrega de mil patrullas, armas de fuego y cartuchos a municipios; rehabilitación de más de 3 mil luminarias del Periférico Ecológico; refuerzo tecnológico en penales y C5.

Por otra parte, la funcionaria estatal mencionó que se presentaron 22 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir por lavado de dinero, además de que ha habido una coordinación con Notarías Públicas, ante la aprobación de la Ley del Notariado, con la finalidad de evitar conductos de procedencia ilícita para que se vulnere al estado.