Redacción
El ayuntamiento de Acatlán de Osorio ofreció a los deudos de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales –quemados vivos por una turba el 29 de agosto de 2018– un pago de 40 mil 300 pesos por cada uno para reparar el daño.
De acuerdo con Proceso, Víctor Alonso Tadeo, abogado de los familiares, calificó de “absurda” la suma porque no cumple con lo establecido por la Ley General de Víctimas, mucho menos con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como “daños al proyecto de vida”, ni con parámetros marcados por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En sesión del pasado jueves 10, el cabildo de esa localidad determinó dar cumplimento a la recomendación 12/2019 que emitió la Comisión Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, el 17 de octubre del año pasado, en la que se pide reparar de “manera integral” los perjuicios y pérdidas materiales, así como sufrimientos y aflicciones causados a los familiares de las dos víctimas de linchamiento.
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En su recomendación confirma la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales, quienes no accionaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. En particular se menciona que el entonces presidente municipal de Acatlán, Guillermo Martínez, y el titular de Seguridad quienes no se presentaron en el lugar.
Recientemente los familiares de las dos víctimas presentaron el caso ante la CIDH, y desde octubre del año pasado han reclamado al ayuntamiento y al gobierno estatal una reparación del daño, que calculan en 100 millones de pesos para cada familia, basado en el daño físico y mental, la pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdida de ingresos, perjuicios morales, gastos de asistencia jurídica, sufrimiento causado a la víctima y a sus allegados, entre otros.
Sin embargo, autoridades de Acatlán de Osorio calcularon la reparación del daño en 40 mil 300 pesos con base en el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, según se exhibe en el oficio MAP/SM/OFIC.032/2020, dirigido a la madre de Ricardo, Flores Rodríguez, y firmado por el síndico municipal Aurelio Rojas Espinoza.
Al respecto, el abogado aseguró que el ayuntamiento incurre en una interpretación equivocada de lo establecido en la ley, por lo que la resolución será rechazada e impugnada por la vía legal.
Cabe recordar que hace dos años, Ricardo y Alberto Flores –sobrino y tío– fueron detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, pero luego se corrió la voz de que eran robachicos y fueron sacados de la cárcel por habitantes de Acatlán, quienes los quemaron vivos, sin que ninguna autoridad interviniera y evitara el linchamiento.
El linchamiento fue transmitido por varios pobladores a través de Facebook Live, hecho que fue atestiguado por la abuela de Ricardo y su madre, quien entonces trabajaba en Estados Unidos, vio el asesinato de su hijo en tiempo real, a través del internet, y suplicó piedad a los lugareños.
Con información de Proceso
