Redacción PH
Damián Romero Suárez, secretario general del ayuntamiento de Puebla, acusó manipulación en las fotografías que circulan en redes sociales y que comprueban la supuesta participación de trabajadoras de la comuna en los actos vandálicos contra el Congreso de Puebla, durante la marcha del 8M.
Denunció durante la conferencia de prensa matutina de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, espacio en el que advirtió que se trata de una campaña de desprestigio contra la Comuna.
Lo anterior al hacer referencia a fotografías que circulan en redes sociales y medios donde se observa a dos trabajadoras de, supuestamente, cometer actos vandálicos, a la par que algunas de las fotografías que el gobierno del estado presentó corresponden a “marchas feministas de años anteriores” e incluso algunas son de “eventos públicos de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco”.
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Por ello el funcionario, también dijo que garantizarán protección y seguridad de las trabajadoras e incluso, de ser necesario, solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Grupos infiltrados
Al respecto, Catalina Pérez, encargada de despacho de la Secretaría de Gobernación Municipal, también advirtió que tras analizar lo ocurrido y establecer contacto con los colectivos y colectivas feministas, detectaron un “nuevo grupo” que no pertenece a las 19 agrupaciones plenamente identificadas y que desde hace años participan en las movilizaciones.
Indicó que este grupo utilizó frases y colores que no identifican al movimiento feminista, como el rosa y negro, lo cual ayudó a identificarlas, a la par que también lanzaron consignas que las feministas jamás harían como “El que no brinque es puto … Nosotros nunca lo hemos hecho; esa consigna no es nuestra”.
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Debe recordarse que este mismo día el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a no criminalizar o perseguir a quienes cometieron destrozos, pues basta la “condena pública”, no obstante, en el estado desde el pasado 8 de Marzo, las autoridades estatales confirmaron que iniciarían las investigaciones correspondientes para detener a los autores materiales e intelectuales de vandalizar y destruir propiedad pública y privada durante la marcha.
