Irene Bermejo
En Cancún, al cierre de 2019, mil 959 personas recurrieron al amparo para no ir al ‘Torito’, esto dejó una derrama económica de casi 29.4 millones de pesos repartidos entre abogados, responsables de depósitos vehiculares, grúas y multas municipales.
El uso de dicho recurso legal recayó en seis de los ocho juzgados de distrito, los que admitieron entre 264 y 416 casos durante 2019.
De acuerdo con especialistas jurídicos, quienes usaron el Juicio de Garantías como salvoconducto fueron presas de ‘mafias’ de coyotes que operan en contubernio con las autoridades policíacas en retenes inconstitucionales, con detenciones ilegales y falta de personal calificado para certificar el grado de alcoholemia.
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El presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Quintana Roo, Héctor Pérez Rivero, reconoció que el Juicio de Amparo es un derecho constitucional contra la ilegalidad constitucional que representan los retenes policiacos y la detención de personas sin una orden judicial.
Además, protegen al afectado frente a la certificación en materia de alcoholemia, derivado de la ausencia de personal calificado.
