📸: Twitter @Maribel_VO

Aunque este martes en el Congreso del Estado se aprobaron reformas en beneficio de la mujer, el estado mantendrá penalizado el aborto y los matrimonios continuarán siendo reconocidos como las uniones exclusivas entre hombre y mujer.

El pleno del Congreso aprobó las reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley para Prevenir y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas; así como del Código Civil y Código Penal.

Todo el paquete de iniciativas fue enviado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y estaban enfocadas a atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), tal y como lo obligaron las 45 recomendaciones emitidas por la Conavim, como parte de la declaratoria de Alerta de Género en 50 municipios.

Fueron aprobadas en lo general las reformas, adiciones y derogaciones, así como diversas disposiciones, con 37 votos a favor y solo una abstención.

Sin embargo, aunque los diputados acordaron tipificar la Violencia Política de Género como delito, rechazaron despenalización del aborto y legalizar el matrimonio igualitario.

Trabajo al vapor

Fue la priista Rocío García Olmedo quien criticó que tras 33 iniciativas de reformas presentadas por los diputados durante el primer año legislativo, al final la LX Legislatura hiciera un “trabajo al vapor” con la excusa de entregar un informe a la Conavim.

Lo anterior en referencia a que presentó más de 20 reformas las cuales fueron rechazadas en su mayoría, una de ellas la despenalización del aborto, situación que la llevo a asegurar que la Legislatura, de mayoría lopezobradorista, ha sido reducida a “Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo”.

En ese mismo tenor se pronunció José Juan Espinosa Torres, quien destacó la importancia de actualizar las leyes para procurar a las mujeres una vida libre de violencia, sin embargo, faltó discutir a profundidad los artículos 294 del Código Civil que define al matrimonio y el 342 del Código Penal, sobre la interrupción del embarazo.

Para saber: Error del Legislativo desechar aborto y matrimonio igualitario

También acusó que se presentó un dictamen con minuta de decreto diferente a lo aprobado en comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género, protesta que fue desechada por la Mesa Directiva.

Postura similar tuvo Marcelo García Almaguer, quien solicitó continuar con el debate para las modificaciones al artículo 294 del Código Civil.

Sin embargo sus posturas fueron reducidas a un intento de “ganar simparía de los ciudadanos”, por la diputada Mónica Lara Chávez quien en la tribuna señaló las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo cumplen con las recomendaciones señaladas por la Alerta de Género.

Su postura fue respaldada por Héctor Alonso Granados quien aseguró que las iniciativas del Ejecutivo “impulsan el respeto a la vida y las creencias como sociedad”, tras advertir que no somos rehenes de minorías.

Reparación del daño

Entre las modificaciones que se aprobaron se encuentran a la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos delitos, se propone incorporar como principio rector de la Ley, el derecho a la reparación del daño agregar en su glosario las definiciones de abuso de poder, daño grave o amenaza de daño grave, asistencia y protección a las víctimas, informante, ofendido, publicidad ilícita, publicidad engañosa, y testigo.

Entérate: No hay fecha para votar despenalización del aborto en Puebla

También se fortalecen las acciones tendientes a desarrollar la prevención del delito, de trata de personas, para lo cual se contemplan la obligación de coordinación, la implementación de medidas educativas, sociales y culturales, la atención con especial énfasis a las localidades aisladas y zonas urbanas que se hayan identificado como aquellas de mayor incidencia en este delito.

Se contempla también implementar acciones de asistencia, ayuda alimentaria, campañas de salud, educación, vivienda y demás tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en aumentar el riesgo de victimización del delito de trata de personas.