No sólo hay una orden de aprehensión contra Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, sino también enfrenta un proceso de expulsión al interior del PRI, confirmó Lorenzo Rivera Sosa, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

Pese a que el pasado 23 de abril Héctor Gutiérrez, secretario de Organización del CEN del PRI, negó la existencia de dicho proceso, este lunes Rivera Sosa en breve entrevista no sólo lo confirmó sino que también aseguró que es un tema público del cual está enterada Claudia Ruiz Massieu, lideresa nacional del PRI.

El exgober precioso, Mario Marín, sigue siendo priista, así lo confirmó el Secretario de Organización del CEN del PRI, Héctor Gutiérrez. pic.twitter.com/hIfZnaqGWx

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 23, 2019

El priista no especificó bajo qué condiciones se inició el proceso de expulsión, aunque sí criticó que el procedimiento se dé durante el proceso electoral extraordinario que se vive en Puebla para elegir gobernador.

“Hay un organismo nacional que está encargado y, después de la revisión que están haciendo, determinarán si procede o no”.

También lamentó que en las últimas semanas se vincule a Mario Marín con Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, quien se ha caracterizado por realizar campañas de altura en el estado.

“Es público y lamentable que en este proceso electoral, donde los actores políticos de mi partido, estábamos ocupados en una estrategia política y estamos ocupados con la alianza a todos los poblanos”.

Insistió que serán las instancias del PRI nacional, las que se encarguen de este procedimiento en contra del exmandatario poblano, quien refrendósu militancia con base en el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014.

Cabe recordar que el exmandatario poblano, quien mantuvo un perfil bajo hasta el deceso Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo, aprovechó el nuevo proceso electoral para regresar a la vida pública, sin embargo en vísperas de su regreso un juez giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005.

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