Con el nombramiento de un alcalde en San Martín Texmelucan y el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de Rafael Núñez Ramírez, el Congreso de Puebla finalmente interviene en el caso.

Sin embargo, el nombramiento determinado por el Congreso interviene con lo acordado por los regidores de dicho municipio quienes este viernes en sesión de cabildo nombraron a Tomás Tostado Velázquez, como encargado de despacho de la presidencia municipal, misma que dejó hasta por 90 días el presidente, Rafael Núñez Ramírez.

La mañana de este viernes los diputados habrían aprobado iniciar un proceso sancionador contra Núñez Ramírez luego de que la Comisión Inspectora y la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectaran irregularidades por 38 millones 832 mil pesos en la cuenta pública de 2014.

Dichas observaciones fueron detectadas en las obras de pavimentación con concreto hidráulico, la ampliación del centro de desarrollo comunitario de San Cristóbal Tepatlaxco y la no comprobación de la adquisición de vehículos (motocicletas y patrullas) por 2 millones 194 mil pesos.

La revisión de la cuenta pública inició el pasado lunes, sin embargo en caso de que el edil se presente y logre solventar las observaciones se salvaría de una inhabilitación de 12 años y una sanción económica.

Casi al mismo tiempo, en el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, los regidores aprobaban por unanimidad la designación de Tostado Velázquez como encargado de despacho, luego de que Benjamín García Noé se negara a rendir protesta como suplente.

Sin embargo, el Congreso del Puebla optó por nombrar a Froylan Barragán Luna, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, como alcalde sustituto.

En una minuta de decreto con 22 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones se concretó el nombramiento.

Cabe recordar que la acción es legal, luego de que se reformara la Ley Orgánica Municipal, lo que permitió llevar a Luis Banck Serrato a la alcaldía de Puebla.

La única que se opuso a lo que consideró una “arbitrariedad” fue la diputada Socorro Quezada Tiempo, quien defendió la autonomía municipal y exigió el respeto a la ley, que por principio marca la autoridad del Cabildo.