A nivel nacional Puebla es el tercer estado con más casos de violencia contra mujeres periodistas, al sumar 37 casos, es decir el 8.79 por ciento, sólo por debajo de Veracruz y Ciudad de México con el 13 y el 17 por ciento, respectivamente.

Lo anterior, durante la presentación del informe “Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018”, el cual muestra la inoperancia del Estado mexicano para implementar políticas públicas eficaces que procuren seguridad y protección al gremio periodístico y las mujeres que practican esta profesión.

A nivel nacional de acuerdo con Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), del 1 de diciembre de 2012 hasta el 1 de diciembre de 2018 se documentaron 448 casos de violencia contra mujeres periodistas, en 31 de los 32 estados del país.

Dicha cifra representa un alarmante aumento de 341 por ciento frente al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, periodo en el que se documentaron 131 casos, acusó Samantha Páez Guzmán, integrante de la Red Puebla de Periodistas.

En tanto el informe indica que la violencia contra las periodistas poblanas se detonó en tres momentos.

El control de Moreno Valle

El primero de ellos fue el inicio de la gestión de Rafael Moreno Valle, quien gobernó Puebla de 2011 a 2017.

El recientemente fallecido senador es recordado por ejercer una política de represión en contra del gremio mediante el “control de información a quienes realizaban una cobertura crítica”.

Como es bien sabido, en el estado durante su gestión se excluyeron a varios medios independientes de actos de gobierno, se les negaba el acceso a la información pública o se planteaban una serie de trabas que les impedían realizar sus investigaciones.

También logró controlar a los medios locales a través de convenios de publicidad, palomeando sus contenidos informativos, ordenando la eliminación de contenidos que dañaran su imagen, censurando fotografías y ordenando la publicación de boletines oficiales.

“Esta política se replicó con los gobiernos municipales. Como en Veracruz, en Puebla se repitió la persecución de periodistas por parte de actores políticos y funcionarios, el espionaje y las llamadas intimidatorias en las redacciones para eliminar contenidos desfavores (….) la censura de fotografías que comprometieran al gobernador”.

Los ataques no dejaron de lado la intimidación, el hostigamiento, las agresiones físicas y la violencia sexual digital.

También hubo casos de robos de material de trabajo en las redacciones como computadoras y prácticas de espionaje en comunicaciones internas entre periodistas en correos electrónicos, grupos de WhatsApp y ataques al patrimonio de las periodistas como es el allanamiento a sus domicilios y el acoso judicial.

Reporteras de política, el objetivo

El segundo responsable fue el aumento de robo de hidrocarburos, problema que empezó a visibilizarse en 2014 y que a partir de 2016 se descontroló en el estado.

Las principales afectadas fueron las reporteras que se encargaban de cubrir la Sierra Norte de Puebla y el Triángulo Rojo, particularmente en las poblaciones de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Tehuacán.

El tercer detonante fue el pasado proceso electoral de 2018 siendo las más afectadas, -al igual que a nivel nacional- las reporteras encargadas de cubrir la fuente política.

Corrupción

De acuerdo con el informe el trasfondo en común que tiene Moreno Valle, el huachicol y las elecciones es la corrupción, relación que quedó evidenciado durante el proceso electoral de 2018.

Todo lo anterior en el marco de la disputa de los morenovallistas contra morenistas, durante el pasado proceso electoral y las evidencias de espionaje a periodistas por parte de diferentes dependencias del gobierno que desembocó en un ambiente, aun mas tenso.

Fue en julio de 2018, tras las elecciones más cuestionadas en la historia de Puebla entre Martha Erika Alonso Hidalgo y Miguel Barbosa Huerta, cuando se reportó un robo a la casa de una reportera que también formaba parte del equipo del morenista.

El atraco sólo consistió en el robo de su computadora portátil mientras que el resto de sus pertenencias de valor permaneció intacto.

Finalmente, el estudio advierte que fueron los mismos equipos de campaña, candidatos, simpatizantes de partidos políticos y funcionarios de gobiernos estatal y municipal los victimarios de las periodistas, pues al ejercer su profesión las convirtieron en el blanco de los ataques.