Con cuatro recomendaciones emitidas a lo largo de los últimos 30 años y hasta 2018, Puebla es la segunda entidad a nivel nacional con el mayor números de casos de empresas que han violado los garantías fundamentales de las personas.

Así lo señala la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual advierte cómo esta prácticas continúan estando vigentes, sin que el estado logre avanzar en acciones y sanciones para favorecer a los trabajadores.

Por ello, en esta ocasión, a razón de las 46 recomendaciones emitidas en los últimos 30 años, el organismo defensor dirigió a 91 autoridades de los tres órdenes de gobierno la exigencia a intervenir para proteger a los trabajadores.

Los derechos humanos “forman parte de la actividad empresarial y no es potestativo su respeto y observancia; es un deber de las empresas por lo que se les debe exigir su cumplimiento, tanto en sus relaciones internas con sus trabajadores como con la comunidad o grupos sociales y con el ambiente en el que interactúan”, dictó el organismo.

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En el caso de Puebla de las cuatro recomendaciones emitidas, tres corresponden a empresas del sector privado y una a un organismo público-privado.

Además, Puebla comparte su puesto con Ciudad de México, Sonora, Tabasco y Veracruz, sólo por debajo de Morelos y Nuevo León que reportan cinco casos, respectivamente.

Las recomendaciones

La primera violación documentada ocurrió en 1992 y fue contra una maquiladora que arrojó compuestos químicos al drenaje que afectó a una comunidad en Tehuacán.

A la contaminación de aire, también se advirtieron fugas de gas y contaminación auditiva, lo que causó afectaciones graves de salud en los pobladores.

A la fecha los afluentes continúan siendo contaminados, en específico el río Atoyac, el cual cada vez luce más contaminado y todos los proyectos de rescate han fracasado.

Tuvieron que pasar 25 años para que en 2017, con el folio 10/2017, se advirtiera otra recomendación, por la creciente contaminación ambiental en la subcuenca hidrológica del Alto Atoyac, particularmente de los ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes.

En esta ocasión se advirtió que fue por el desarrollo industrial y crecimiento desmesurado de la región.

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En 2017 el organismo emitiría una segunda recomendación; ahora sería por las violaciones que un grupo de guardias de seguridad privada cometió en una de las instalaciones de la Estación Migratoria, donde obligaron a 17 hombres adolescentes centroamericanos a desnudarse y hacer sentadillas.

La última se emitió en 2018, con el folio 3/2018 y fue referente a la persecución que se desató contra opositores de Puebla, Morelos y Tlaxcala por la instalación del proyecto termoeléctrico.

Sin embargo, la respuesta de la CNDH llegó 8 años después de que se iniciara el proyecto de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que desde el inicio pobladores y especialistas mostraron su evidente inconformidad del proyecto de grandes repercusiones ambientales.

También en el top de seguimiento

Para completar su análisis la CNDH también realizó una búsqueda hemerográfica en periódicos de circulación nacional y estatal, de 2011 a 2017, resaltando a Puebla como el segundo estados con más noticias de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por empresas registradas.

La defensora logró recolectar 257 noticias de presuntas violaciones, de las cuales 204 fueron noticias de medios nacionales y 53 de medios estatales.

En el top aparece Oaxaca con 21 casos, seguido de Puebla con 19 y Sonora, con 18 noticias.

Mientras, a nivel nacional los sectores de telecomunicaciones, energético o de manufactura son los que producen impactos importantes en el goce de los derechos humanos.

En particular se refieren al impacto que la extracción de recursos naturales tiene en los derechos humanos en general y en los derechos de los pueblos indígenas en particular, pues las distintas dependencias del gobierno federal y estatal permiten y consienten el desarrollo de megaproyectos en los sectores de la construcción, extractivo, agroindustria y energético.

Todo ello “sin realizar consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas, como lo establece la ley, lo que ha derivado en violaciones al derecho al medio ambiente sano y a la salud”.