El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para eliminar el fuero de los altos funcionarios públicos, es decir ya podrán ser sujetos a un juicio político el Presidente, senadores, diputados y gobernadores, alcaldes, magistrados, entre otros.

Por unanimidad, con 370 votos a favor y cero en contra, las fracciones parlamentarias avalaron el dictamen que incluye al titular del Ejecutivo entre los servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político.

El proyecto de reformas y adiciones a ocho artículos de la Constitución Política será turnado al Senado de la República para su ratificación y, en su caso, deberá ser también aprobado por al menos 17 de las 32 legislaturas locales.

La enmienda constitucional cancela la inmunidad procesal de los antes mencionados además de los secretarios de Estado, ministros, diputados locales, alcaldes, regidores y concejales.

La reforma modificaría los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución en materia de procedencia.

También se busca que se modifiquen las imputaciones que pueden hacerse al presidente mexicano, que en este momento son solamente la “traición a la patria” (concepto jurídico bastante confuso) y los delitos graves del orden común (que son todos aquellos delitos que ameritan más de cinco años de prisión).

De aprobarse los altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno serán procesados penalmente bajo los principios, derechos y garantías procesales previstos por la propia Constitución Política para cualquier mexicano.

Cabe mencionar que el proyecto también consideró mantener la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores y adiciona al artículo 17 constitucional el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas, como son los casos de la difamación, la calumnia y la injuria, es decir, seguiremos disfrutando del “show mediático” al que de cuando en cuando se someten los legisladores.