Luis Enrique Sánchez Díaz

Hay derrotas que no caben en el boletín oficial. Hay derrotas que no se maquillan con una rueda de prensa, una sonrisa institucional ni una explicación pedagógica de último minuto. La invalidez del artículo 480 del Código Penal de Puebla por parte de la Suprema Corte es una de ellas. No estamos ante una “precisión técnica” ni ante una “mejora legislativa pendiente”. Estamos ante algo mucho más incómodo para el poder: la desautorización constitucional de una norma que nació con pretensiones de protección y terminó exhibida como lo que era, un artefacto ambiguo, peligroso y apto para castigar la palabra.

La Corte fue clara. El 14 de abril de 2026 declaró inválido el artículo 480, el llamado delito de ciberasedio, porque su redacción era demasiado vaga y no permitía saber con claridad qué conductas estaban realmente prohibidas. En términos menos ceremoniosos: el Estado poblano quiso meter al Código Penal una figura tan abierta que podía abarcar desde conductas graves hasta simples expresiones molestas, críticas duras o interacciones cotidianas en redes. Eso no es fineza jurídica. Eso es una invitación al abuso.

Y sin embargo, aquí en Puebla se nos pidió confianza. Se nos dijo que no exageráramos. Que la intención era noble. Que se trataba de proteger a la ciudadanía, en especial a niñas, niños y adolescentes. Laura Artemisa sostuvo públicamente que no se derogaría el artículo 480, sino que se modificaría; también aseguró que atenderían observaciones, pero la línea política fue siempre la misma: defender la existencia del instrumento y administrar la crítica, no desmontar el problema de fondo.

Conviene decirlo sin hipocresía. El problema nunca fue solo el texto. El problema fue la lógica de poder detrás del texto. En Puebla, bajo el gobierno de Alejandro Armenta, se impulsó una reforma presentada como respuesta a riesgos digitales reales, pero diseñada con una elasticidad punitiva incompatible con una democracia que se tome en serio la libertad de expresión. Cuando una norma penal castiga “ofender”, “hostigar”, “vigilar” o “intimidar” sin acotar con precisión qué significa cada verbo, el mensaje no es jurídico: es político. El mensaje es que el poder quiere reservarse un margen amplio para decidir qué palabra se vuelve delito.

Lo notable es que esto se advirtió desde el principio. Organizaciones civiles, periodistas, activistas y voces críticas señalaron la ambigüedad del artículo y su potencial uso censor. La propia CNDH emitió en junio de 2025 un pronunciamiento alertando sobre restricciones indebidas a la libertad de expresión. No se trataba, pues, de una paranoia opositora ni de una rabieta digital. Era una advertencia institucional seria. Pero el poder local optó por la pedagogía del cinismo: escuchar, administrar el ruido, prometer ajustes y seguir adelante.

Ahora la Corte ha hecho lo que el Congreso de Puebla no quiso hacer a tiempo: ponerle límites al entusiasmo punitivo. La invalidez del 480 no es solo una corrección jurídica. Es una humillación política para quienes vendieron la ley como instrumento moderno de protección mientras ignoraban que el derecho penal no puede construirse con conceptos sentimentales, vaguedades morales y margen para la discrecionalidad. La seguridad jurídica no se improvisa. La libertad de expresión no se “equilibra” criminalizando palabras mal definidas.

Y aquí aparece lo más delicado para el grupo gobernante. Porque una cosa es perder una discusión legislativa menor y otra muy distinta es que la Suprema Corte invalide una pieza emblemática del nuevo orden punitivo local. Alejandro Armenta cargará con ese costo político porque el impulso de endurecimiento vino desde su entorno de poder y porque el clima que permitió esta norma no fue accidental. Fue parte de una atmósfera más amplia, ya visible desde 2025, en la que distintas voces alertaban sobre el uso expansivo de mecanismos legales para inhibir crítica, prensa e inconformidad.

Laura Artemisa tampoco sale ilesa. Presidió políticamente el momento en que el Congreso decidió no desmontar el problema, sino administrar su desgaste. Apostó por la narrativa de la corrección futura en vez de reconocer que una mala ley sigue siendo mala aunque se le pongan parches discursivos. Para una figura con proyección pública, eso pesa. Porque en política no solo importa haber ocupado la silla, sino qué defendiste desde ella cuando el poder te pidió escoger entre disciplina y prudencia democrática.

Pero esta historia no termina con la Corte. Sería ingenuo creerlo. El poder que intentó castigar la palabra bajo una redacción ambigua no desaparece por una sentencia. Se reacomoda. Cambia de lenguaje. Se vuelve más técnico. Aprende a redactar mejor. Por eso la gran lección del caso Puebla no es únicamente que el 480 cayó. La lección es otra: que en México sigue existiendo una tentación persistente de resolver el conflicto público con derecho penal mal diseñado, y luego venderlo como protección de derechos. La censura contemporánea ya no siempre entra con botas. A veces entra con exposición de motivos, foros de consulta y propaganda institucional.

La Corte hizo su parte. Invalidó la norma. El artículo 480 cayó. Las denuncias sustentadas en él deben quedar sin efecto y el Congreso tendrá que rehacer la discusión desde parámetros constitucionales reales.

Lo demás nos toca a nosotros: recordar quién la impulsó, quién la defendió, quién advirtió sus riesgos y quién quiso hacernos creer, con toda solemnidad, que encarcelar la ambigüedad era una forma de proteger la libertad.

Porque al final no fue una ley de ciberseguridad.

Fue una ley de poder.

Y la Corte, esta vez, la enterró.

Semblanza del autor
Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador universitario, analista político y columnista. Escribe sobre poder, universidad, libertad de expresión, gobernanza digital e inteligencia artificial desde una perspectiva crítica y documentada. Su trabajo busca incomodar al poder con argumentos, no con consignas.
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