Los señalamientos contra Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) no paran, ahora la Fiscalía General de la República (FGR) la investiga por el pago 77.8 mdp en encuestas falsas para su dependencia.

De acuerdo con la Fiscalía el millonario contrato previa aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, no obstante hay evidencia que sólo se aplicó el 15 por ciento del total, advirtió el diario Reforma.

Además de Robles Berlanga, también se investiga a: Emilio Zebadúa, ex oficial mayor y operador de Robles; Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector general de Programación y Presupuesto y quien habría autorizado el pago.

También a Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones y quien tendría que haberle dado seguimiento a los trabajos y José Antolino Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios y quien proporcionó las bases de datos.

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Presuntamente, el convenio se suscribió el 1 de septiembre de 2014 entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por un monto de 77 millones 847 mil pesos.

La finalidad era levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales, al tiempo que se verificaría la información y datos personales de los beneficiarios en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

El pago se hizo el 8 de diciembre del mismo año y ese convenio lo revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo la FGR sólo encontró que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que serían entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, es decir, el 15.6 por ciento del total.

También hay evidencia de que el 28 de noviembre de 2014 la Universidad subcontrató los servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos, monto superior de lo que la ley permite subcontratar.

Cabe recordar que desde que se filtró el citatorio contra Robles Berlanga la exfuncionaria aseguró que “daría la cara” pese a que la FGR está cometiendo una flagrante violación a sus derechos, por la forma en que se dio a conocer la información.

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La funcionaria tendrá que comparecer ante tales acusaciones el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur, por presunto ejercicio indebido del servicio Público.