Redacción PH

Después de las 10 de la mañana de este martes en redes se reportó la presencia de unidades de la Policía Estatal en alrededores de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), lugar al que policías ingresaron para desalojar a estudiantes y profesores en cumplimiento a una orden judicial.

Al principio, y de acuerdo con unos mensajes que el periodista Raymundo Riva Palacio compartió y se viralizaron en Twitter, se aseguró que en la toma también habrían participado elementos de la Guardia Nacional, sin embargo más tarde la institución descartó haber participado en el hecho, situación que se corroboró con las fotografías y videos que se observan en redes sociales.

Sobre el hecho comenzaron a circular dos versiones, una de ellas la del periodista Riva Palacio quien afirmó que el desalojo responde a un tema legal relacionado con el uso de la marca y logotipo de la universidad, pleito que tiene varios años y el cual también involucra a Alejandro Gertz Manero, hoy fiscal general de la República.

Dos horas después de que se concretara el ingreso a la universidad privada, en un comunicado la universidad confirmaría que se trató de un acto de recuperación del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, en el que las autoridades judiciales de la Ciudad de México y del Estado de Puebla ordenaron que se restituyera a la Fundación Universidad de las Américas Puebla la “posesión jurídica y material de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, y que se iniciara inmediatamente una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha Universidad”.

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También se le ordena al rector Luis Ernesto Derbez y cualquier otra autoridad administrativa, “abstenerse de realizar cualquier acto de disposición sobre el patrimonio de la Universidad, a ejercer cualquier representación legal previamiente otorgada, asi como a impedir en cualquier vía el cumplimiento del mandamiento dictado”

Por ello esta mañana además de iniciar con la recuperación, también se buscó nombrar un nuevo patronato en la institución con la intención de dejar fuera a todos los miembros de la familia Jenkins contra quienes existen procesos legales en su contra.

Debe recordarse que la familia ha sido señalada por la falta de transparencia y rendición de cuentas, señalados por un desfalco de hasta 700 millones de dólares.