Redacción PH

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.

De acuerdo con la CPI hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

Estas son las primeras órdenes de arresto de su tipo que emite la CPI. También se emitió una orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por el mismo hecho.

La orden de arresto tuvo una respuesta inmediata de Rusia que calificó de “nula jurídicamente”, advirtió María Zajárov, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.

“Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”, adelantó la funcionaria de Estado.

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En su acusación se advierte que los delitos ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señala la acusación.

La responsabilidad individual de Vladímir Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra tras la orden de la operación militar especial en Ucrania por parte de Vladímir Putin.