Ardelio Vargas Fosado dejó, después de 5 años, el Instituto Nacional de Migración (INM) para sumarse la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Alfonso Navarrete Prida, como asesor en materia de seguridad.

El oriundo de Xicotepec de Juárez es reconocido por su mano dura, la cual utilizó en varias ocasiones para contener manifestaciones.

Su experiencia en temas de seguridad inició en 1994 cuando ocupó la Subdirección de Seguridad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Chiapas y Oaxaca.

En el 2000 fue nombrado director de Investigación y de Seguridad del Cisen, y en 2005 se convirtió en jefe de Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP) y un año después Comisionado.

Fue en esa época donde, al lado de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, se encargó de orquestar y dirigir los operativos en San Salvador Atenco, en el Estado de México, en cual participaron más de tres mil policías estatales y federales quienes reprimieron de forma violenta y excesiva a los campesinos que pusieron resistencia a la instalación de un aeropuerto.

Resultado del operativo hubo –por lo menos- dos muertos, 207 detenciones judiciales, 146 detenciones extrajudiciales, la expulsión de cinco extranjeros y 26 mujeres violadas por policías.

Seis años después en 2012, el gobernador del Estado de México era electo presidente, y hoy, a casi 12 años de lo ocurrido, ninguno de los responsables ha sido procesado por el brutal operativo.

Un mes después el poblano volvía a ser parte de otro operativo excesivo, esta vez ocurría en Oaxaca, durante un fallido desalojo de un plantón de maestros que dejó por lo menos 143 personas lesionadas.
Regresa a Puebla

En 2009 ganó una diputación federal y con la llegada de Rafael Moreno Valle a la gubernatura fue nombrado Secretario de Seguridad Pública.

Apenas había transcurrido un año de la administración del panista y Vargas Fosado ya sumaba varios operativos en los cuales el exceso de fuerza y pocos resultados habían sido los protagonistas.

Fue en Chignahuapan donde para operar la desocupación de un predio, 31 personas, quienes intentaron defender sus tierras, resultaron golpeadas por policías con toletes, petardos y balas de goma.

En dicho operativo, por lo menos cuatro personas habrían resultado de gravedad, además, en esa misma ocasión, el secretario se excedió en funciones al agredir y ordenar que se detuvieran y arrebataran cámaras y grabadoras a reporteros.

Poco después en la 46 poniente, se suscitaba un megaoperativo con uso excesivo de la fuerza y gases lacrimógenos, sin embargo, a los más de 50 detenidos no se les pudo atribuir ningún delito e incluso se les tuvo que regresar la mercancía.

Mismos métodos aplicó en “La Fayuca”, donde tampoco pudo demostrar la procedencia ilegal de la mercancía, sin embargo hubo decenas de crisis nerviosas inclusive por parte de compradores y transeúntes, pues el operativo ocurrió en pleno domingo.

“No reparto flores”

Misma suerte corrió un grupo de defraudados por cajas de ahorro, quienes estaban frente a Casa Aguayo para reclamar una solución; el saldo, cuatro detenidos.

Otro de los casos se suscitó en Francisco Z. Mena, en la Sierra Norte de Puebla, donde un grupo de 200 manifestantes se apostaron en la carretera para exigirle a Pemex que cumpliera con el compromiso de reparar los caminos que dañaron por el proyecto de Chicotepec.

Presuntamente un hombre les habría exigido que se retiraran del lugar y los amenazó con enviar a la policía para desalojarlos, pues aseguró ser el hermano de Vargas Fosado.

El sujeto cumplió su amenaza y momentos después se presentó un grupo de estatales con armas largas quienes comenzaron a apuntarles.

Tras enfrentarlos, 26 manifestantes fueron detenidos y durante más de 20 horas fueron desaparecidos, golpeados e incomunicados.

“A mí me contrataron para aplicar la ley y eso es lo que hago, ya lo saben; yo no reparto flores” aseguró ante las críticas por lo ocurrido.

Durante su permanencia en esa dependencia, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) le envió al menos dos recomendaciones por reprimir manifestaciones de campesinos y también a los periodistas que cubrían las movilizaciones.

Aumentan abusos

En 2013, por invitación del presidente Enrique Peña Nieto, Vargas fosado asume la dirección del Instituto Nacional de Migración.

A ocho meses de haber asumido el control de la dependencia, organizaciones migrantes denunciaron que con Vargas Fosado, el INM se convirtió en un órgano persecutorio y de represión para los centroamericanos.

Integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas denunciaron que con el poblano habían aumentado los casos de extorsión y abandono de migrantes, quienes quedaban expuestos al crimen organizado.

En su lugar quedó Gerardo Elías García Benavente, quien fungió como director general de inteligencia e investigación para la prevención de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), en el estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador.