Redacción PH

De las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal del 2021, aun está pendiente que se aclaren mil 025 millones de pesos que se ejercieron durante el mandato del finado gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Aseguró Juan Carlos Moreno Valle Abdala, titular de la SFP, en su comparecencia ante diputados de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación, por la glosa del informe de gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En tanto, del ejercicio fiscal de 2021 ya se han solventado dos mil 150 millones de pesos, lo que significa un avance frente a los tres mil 200 millones de pesos ejercidos en los que la ASF detectó anomalías.

Las anomalías detectadas se encontraron en Educación, Servicios de Salud, Saneamiento Financiero, Participaciones federales, además del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para varios municipios.

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Auditoría en tiempo real

En otro tenor, sobre la construcción de la nueva sede del Congreso del Estado, Moreno Valle dijo que la obra se audita en tiempo real y a la fecha se han realizado 22 visitas para verificar la obra.

Dijo que la verificación de la nueva sede es prioritaria para Céspedes Peregrina, por lo que verifican de manera permanente su ejecución desde julio de 2023, mes en el que comenzaron las obras.

Recordó que para esta obra se asignaron 772 millones 201 mil pesos y se encuentra a cargo de la empresa Grupo Constructor Marcar, la cual tiene como plazo hasta el 30 de junio de este año para terminar los trabajos.

A la fecha la SFP ha realizado 22 visitas de inspección, además el laboratorio de calidad de la dependencia ha realizado 36 pruebas de acero al refuerzo de la cimentación, con la finalidad de comprobar la calidad de los materiales y su resistencia.

También se han visitado dos veces la planta de la empresa Clarea en la Ciudad de México, donde se construyen los elementos prefabricados que se utilizan para el nuevo edificio.

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Blindarán recursos

Sobre el proceso electoral que ya está en marcha anunció que en los próximos días se lanzará el programa de Blindaje Electoral, con el que se busca garantizar que ningún servidor público utilice su posición en el proceso a celebrarse en próximos meses.

El proyecto consiste en resguardar todos los recursos del gobierno del estado para garantizar un proceso electoral transparente y sin la injerencia de funcionarios.

En ese tenor el funcionario dijo que investigan a cuatro funcionarios públicos por incurrir en presuntos actos proselitistas de manera ilegal, aunque no precisó nombres ni los cargos que ocupan.