Redacción PH

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó al actor y ex aspirante a la Presidencia de México, José Eduardo Verástegui Córdoba, con 144 mil 94 pesos y aprobó que sea investigado por irregularidades en su informe de gastos para obtener firmas de apoyo ciudadano, actividad que formaba parte de su aspiración por una candidatura independiente.

La institución aprobó el inicio de un procedimiento oficioso pues presuntamente habría recibido aportaciones prohibidas desde el extranjero de una organización religiosa.

También dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que inicie un procedimiento oficioso, toda vez que en las cuentas de Verástegui se encontraron cerca de 7 millones de pesos de transferencias desde el extranjero, algo prohibido por la Constitución y por el artículo 380 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De acuerdo con el consejero Martín Faz, entre octubre y diciembre del 2023, Verástegui recibió 390 mil dólares, es decir, 6.9 millones de pesos, para impulsar sus aspiraciones de obtención de firmas de apoyo de la ciudadanía.

Una de estas transferencias fue de 75 mil dólares y provino de una consultora política con sede en Miami, llamada Partner 305 LLC.

También se advierte que Verástegui pudo haber recibido aportaciones de un ente prohibido, debido a la entrevista que le hizo “El Mundo Católico TV”, una comunidad católica con una misión de evangelización digital que habría utilizado sus dogmas de fe para apoyar al exaspirante independiente.

El aspirante aseguró que los ingresos eran propios y exhibió una cuenta bancaria en el extranjero a su nombre desde la que se hicieron las transferencias. Alguna de esta información fue testada por el aspirante con el argumento de seguridad propia, por lo que no fue posible observar el saldo promedio ni balance de la cuenta.

“Estamos ante un caso que podría no sólo constituir una aportación de una entidad prohibida por la normatividad electoral, sino ante una posible intervención de extranjeros”, dijo el consejero lo cual justifica que los órganos fiscalicen el origen de los recursos.