La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó una fuerte preocupación ante la reciente reforma al Código Penal de Puebla que tipifica el delito de “ciberasedio” y establece hasta tres años de cárcel para quien insulte u ofenda de manera insistente a través de medios digitales.

En un comunicado, la organización se sumó a la creciente lista de instituciones y organismos que han advertido que la nueva ley podría usarse para reprimir la crítica legítima en espacios digitales y atenta contra la libertad de expresión.

La reforma no solo castiga el acoso digital, sino que además permite a plataformas eliminar contenidos con una simple solicitud, sin necesidad de intervención judicial. Según la SIP, esto abre la puerta a una censura rápida y sin filtros, poniendo en riesgo el derecho ciudadano a debatir y acceder a información diversa, especialmente cuando se trata de voces incómodas para el poder.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, advirtió que la ley puede tener efectos perjudiciales para la memoria colectiva y los mecanismos de rendición de cuentas, al permitir que desaparezca información relevante del espacio público. Subrayó que el verdadero valor en juego es el derecho de la sociedad a estar informada.

Frente a la controversia generada, el gobernador Alejandro Armenta se mostró dispuesto a abrir foros de discusión para revisar la reforma. Sin embargo, la presidenta del Congreso local descartó por el momento que se contemple derogar la medida, lo que mantiene encendida la inquietud entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Finalmente, la SIP señaló que esta legislación podría institucionalizar la censura sin transparencia ni posibilidades de defensa, especialmente preocupante en un país como México, que en 2024 fue el más letal de Latinoamérica para periodistas, con cinco asesinatos registrados, y que desde hace años figura entre los diez países más peligrosos para ejercer esta profesión.