En un endurecimiento de la postura oficial tras las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Layda Sansores San Román informó que cinco de las 14 personas inicialmente detenidas ya se encuentran en el centro penitenciario de San Francisco Kobén, enfrentando cargos criminales graves.

Durante su programa Martes del Jaguar, la mandataria estatal detalló la situación jurídica de las señaladas, enfatizando que no habrá tolerancia para quienes agredieron físicamente a los elementos de seguridad que custodiaban el Palacio de Gobierno.

La gobernadora fue enfática al señalar que dos de las detenidas serán procesadas por tentativa de homicidio, tras ser señaladas de rociar gasolina y prender fuego a los escudos de las mujeres policías.

“Esperemos que el juez actúe con justicia y que el juicio resulte en una sentencia por ese homicidio calificado en grado de tentativa… podrían ser 25, 30 o 37 años. Son penas muy altas”, advirtió.

Además de estos casos, se confirmó que una persona enfrentará cargos por daños al patrimonio (iconoclasia), con la obligación de reparar los daños.

Una detenida vinculada al ámbito cultural podría recibir consideraciones legales, debido a que no ejerció violencia física, según admitió la propia gobernadora tras recibir llamadas intercesoras.

Una menor de edad que fue retenida durante los disturbios fue puesta en libertad el pasado 9 de marzo.

Para respaldar la acción judicial, Sansores presentó a las oficiales Perla Jaquelin y Cristy Salazar, integrantes del muro de contención durante la protesta. Las agentes relataron haber sido golpeadas con martillos y rociadas con combustible.

“Sentí miedo… una solo cumple con su labor y les dije: ‘nosotras también somos mujeres, ¿por qué nos hacen eso?'”, narró la oficial Jaquelin.

Pese a la narrativa gubernamental apoyada en las cámaras del C5, la Red Nacional de Defensoras y otros colectivos han levantado la voz por lo que consideran detenciones arbitrarias.