El Índice Global de la Tortura (IGT) ha señalado que en México la tortura es una práctica generalizada que ocurre en un entorno de impunidad, utilizada como sustituto del debido proceso para obtener confesiones o fabricar culpables.

Este informe, presentado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), colocó al país en 2025 en un nivel de “riesgo alto” de tortura y malos tratos, basándose en datos recabados entre 2023 y 2024.

La OMCT desarrolló el IGT con la colaboración de más de 200 organizaciones locales alrededor del mundo, abarcando en su primera edición a 26 países. La intención es que esta herramienta se expanda anualmente para medir el riesgo de tortura y otros tratos crueles, así como para evaluar la situación del Estado de derecho y los derechos humanos en diferentes regiones.

En México, el informe identificó que ciertas figuras jurídicas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa han permitido que la tortura se mantenga como una práctica persistente.

Se reportaron 2 mil 881 casos de tortura entre 2019 y 2024, involucrando a 3 mil 506 víctimas. Además, se destacó que la tortura ocurre con mayor frecuencia en los primeros momentos de la detención y durante los traslados a autoridades judiciales.

El uso de la tortura ha estado estrechamente vinculado con la fabricación de pruebas ilícitas, lo que evidencia un sistema de justicia selectivo. De acuerdo con el Observatorio contra la tortura, de 4 mil 592 investigaciones iniciadas en 2023, solo 18 fueron judicializadas, es decir, apenas el 0.1%, lo que revela la ineficacia del sistema para castigar estos delitos.

Actualmente, diversas organizaciones mexicanas colaboran con el IGT para visibilizar estas prácticas y fomentar cambios estructurales que garanticen la justicia y el respeto a los derechos humanos.