El Congreso de Baja California Sur aprobó una reforma al Código Penal local que endurece las penas por feminicidio, las cuales pueden llegar hasta los 60 años de prisión y además obliga la reparación integral del daño a las víctimas.

La reforma al artículo 389 del Código Penal de Baja California Sur busca ofrecer mejores herramientas jurídicas a los ministerios públicos para asegurar que se haga justicia en estos casos, explicó la diputada Karina Olivas Parra, impulsora de la iniciativa.

El nuevo marco legal también introduce el transfeminicidio como una figura jurídica, reconociendo a las mujeres transgénero como víctimas de feminicidio, en línea con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con esta inclusión se busca garantizar la protección legal más amplia y reconocer los derechos de las personas trans, que históricamente han sido invisibilizadas.

La diputada Alondra Torres, representante de la comunidad LGBTTTIQ+, subrayó la importancia de incluir el término transfeminicidio, destacando la violencia sistemática que enfrentan las mujeres trans. Según Torres, este cambio legislativo es esencial para visibilizar y sancionar la violencia extrema que sufren estas mujeres, cuyas voces a menudo han sido silenciadas.

Otro de los cambios que lograron con la reforma es incrementar hasta un tercio las penas si el crimen se comete frente a familiares o personas cercanas a la víctima. Además, se establece una multa de entre 500 y 1,000 días de salario, junto con la obligación de reparar integralmente el daño. Las penas previas oscilaban entre 30 y 60 años, pero no se contemplaban sanciones pecuniarias ni la obligación de compensar a las víctimas.