María Luisa Ruiz, comunicadora que cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional, fue detenida de forma arbitraria por la policía municipal de Santiago Miahuatlán, mientras realizaba una cobertura en vivo a través de su teléfono celular sobre un operativo policial.

La detención arbitraria ocurrió el martes 13 de enero, mientras la comunicadora realizaba una transmisión en vivo. Ruiz estaba dando cobertura a un operativo de la policía cuando uno de sus elementos le exigió identificarse y luego se cortó la transmisión.

Horas más tarde se informó que la periodista fue sometida y trasladada a los separos municipales y después puesta a disposición del Ministerio Público, acusada de “usurpación de funciones”.

El argumento ha sido calificado por diversos gremios periodísticos como una estrategia de criminalización, dado que Ruiz ejercía su labor informativa en un espacio público.

Más tarde, la comunicadora fue liberada y tras ello denunció haber sido víctima de un trato prepotente, intimidatorio y agresivo por parte de los uniformados.

La situación escaló a una crisis de salud, ya que la periodista tuvo que ser trasladada a una valoración médica de urgencia debido a una crisis hipertensiva derivada de sus padecimientos de diabetes.

Por su parte, el presidente municipal, Omar Toledo, intentó desmarcarse de los hechos asegurando “no tener conocimiento” detallado del caso, declaraciones que generaron indignación al afirmar que en su municipio se detiene “a quien viola la ley”, lo que fue interpretado por la prensa local como una validación de la agresión.

Tras lo ocurrido la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla inició una queja de oficio y exigió la capacitación inmediata de los cuerpos policiacos en materia de libertad de expresión.

En tanto, Red de Periodistas en Puebla y la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla, condenaron que Ruiz fuera agredida físicamente por no portar una credencial de prensa, recordando que ninguna ley obliga a los periodistas a acreditarse para informar.

Además, solicitaron la intervención directa del Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra Periodistas para sancionar a los responsables.