Dos pobladores de la comunidad de Ixtlahuac, inspectoría del municipio de Coyomeapan, en la Sierra Negra de Puebla, fueron privados de su libertad presuntamente por autoridades comunitarias y talamontes de la región, luego de denunciar la tala ilegal en la zona, denunció José Luis Leyva Machuca, líder del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP).

Las víctimas fueron identificadas como Rufino Ramírez Palacios y José Guadalupe Santiago Altamirano, quienes, de acuerdo con el activista, habían participado activamente en redes sociales denunciando el incremento de la tala clandestina en distintas comunidades del municipio, así como la falta de vigilancia y acciones de reforestación por parte de las autoridades.

Según el testimonio de Leyva Machuca, los hechos ocurrieron al mediodía del lunes 26 de enero, cuando más de 30 personas arribaron a los domicilios de ambos pobladores, ubicados en la colonia Morelos, y se los llevaron por la fuerza, sin mostrar orden de aprehensión ni informar el motivo del acto. Entre los presuntos responsables se encontraría el inspector de Ixtlahuac, identificado como Cristóbal.

El dirigente de MASCIP responsabilizó directamente al inspector de cualquier daño físico o agresión que pudieran sufrir las víctimas, a quienes consideró en condición de desaparición forzada, y exigió la intervención inmediata de las autoridades municipales y estatales para su localización y presentación con vida.

Asimismo, lamentó que la autoridad local, en lugar de frenar la tala ilegal, presuntamente actúa en complicidad con quienes realizan estas actividades ilícitas, por lo que solicitó al ayuntamiento de Coyomeapan y al gobierno del estado investigar la actuación de dicho funcionario.

El activista también advirtió que la tala clandestina ha aumentado de manera alarmante en al menos siete comunidades del municipio, entre ellas Ixtlahuac, Matlahuacala y Tlixco, situación que representa un grave daño ambiental y un riesgo para la población que se atreve a denunciar.

Añadió que familiares de los desaparecidos y miembros del colectivo mantienen comunicación con la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, mientras que pobladores e integrantes de MASCIP no descartaron movilizaciones y bloqueos carreteros en la región para exigir justicia.