Tras años de litigios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, ha comenzado formalmente la liquidación de sus adeudos fiscales.

La Tesorería de la Federación ya recibió un primer pago por 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos, anunciaron el jueves 29 de enero en un comunicado, en tanto el monto total acordado asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

Según la tarjeta informativa el resto de la deuda, poco más de 21 mil 732 millones de pesos, será cubierto en una modalidad de “abonos chiquitos”, consistentes en 18 parcialidades de aproximadamente mil 207 millones de pesos cada una.

El hecho también fue anunciado por Grupo Salinas que en un comunicado informó su postura, señalando que la decisión del consorcio empresarial fue concluir las batallas legales contra el gobierno de México.

La empresa enfatizó que, en las últimas dos décadas, han aportado más de 300 mil millones de pesos en impuestos.

“A partir de ahora, no debemos nada al Gobierno, por ningún concepto”, afirmó el grupo, asegurando que este pago cubre “absolutamente todo” lo exigido por el fisco, a pesar de que todavía existen otros litigios pendientes que involucran cerca de 23 mil millones de pesos adicionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que fue el pasado 22 de enero cuando el grupo manifestó su intención de pago. “Voluntad” que llegó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara los amparos previos, obligando a las empresas a apegarse a los beneficios y convenios del Código Fiscal de la Federación.

La deuda que hoy comienza a liquidarse fue determinada originalmente por el SAT en septiembre de 2017. Desde entonces, Salinas Pliego mantuvo una postura crítica, incluso denunciando recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un presunto “acoso sistemático” y “persecución fiscal” por parte del Estado mexicano.

Con este acuerdo, se pone fin a uno de los conflictos fiscales más mediáticos y prolongados entre el sector privado y el Gobierno Federal en la historia reciente de México.