Entre fuertes reclamos de la oposición, acusaciones de subordinación al poder político y una defensa persistente de sus cifras administrativas, Rosa Isela Sánchez Soya, titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, compareció ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.

Su comparecencia transcurrió entre críticas de diputados porque Sánchez Soya solo se limitó a leer respuestas preparadas en lugar de entablar un diálogo directo ante los cuestionamientos que le hicieron.

Una de las situaciones que más destacó fue que Sánchez Soya justificó su negativa a promover acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 480 del Código Penal, que sanciona el ciberasedio. A pesar de que jueces federales ya han otorgado al menos cinco amparos contra esta norma por considerarla una amenaza a la libertad de expresión.

La funcionaria argumentó que, tras diversas reformas, la ley ya no deja “desprotegidas” a las personas y que se excluyó a funcionarios públicos del supuesto normativo. Sin embargo, evitó responder a los señalamientos de la diputada del PRI Delfina Pozos, quien le exigió no proteger intereses políticos ni actuar como un apéndice del gobierno.

Durante su exposición, Sánchez Soya destacó el inicio de 8 mil 563 quejas, de las cuales aseguró haber concluido satisfactoriamente el 78%, es decir 6 mil 691. No obstante, la panista Susana Riestra y la priista Delfina Pozos advirtieron que su comparecencia era solo una “simulación” y un “maquillaje de estadísticas”.

Incluso advirtieron que el que la CDH emitiera en un años solo 18 recomendaciones, es una prueba del trabajo deficiente de Sanchéz Soya, por lo que pidieron la separación del cargo de la funcionaria.

En materia de personas privadas de la libertad, la titular informó que se atendieron 634 quejas en centros penitenciarios, principalmente en el penal de San Miguel (258), Ciudad Serdán y Tepexi de Rodríguez. Los reclamos se centran en falta de servicios de salud, desabasto de insumos e incomunicación.

Pese a reportar 32 expedientes por posibles casos de tortura, se reveló que solo en cuatro de ellos se activó el Protocolo de Estambul, la norma internacional para documentar estos abusos.

Respecto al acceso al agua, informó que se emitieron ocho medidas cautelares contra la empresa Agua de Puebla por cobros indebidos y cortes de servicio, además de la recomendación 17/2025 al ayuntamiento de San José Miahuatlán, donde se suspendió el servicio a una persona por incumplir con una “mayordomía” bajo usos y costumbres.

La sesión concluyó con con críticas de las diputadas de oposición quienes advirtiero que la CDH Puebla se ha convertido en un ente administrativo que evade casos de alto impacto y la protección efectiva de periodistas y grupos vulnerables.