Pedro Lara Hernández

La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará ante el Congreso de la Unión no es una ocurrencia coyuntural. Es la expresión de una demanda social que, desde hace años, recorre el país: construir un sistema electoral más democrático, más austero y, sobre todo, más cercano al sentir de la gente.

Durante décadas el modelo electoral mexicano fue diseñado para responder a una etapa histórica específica: la transición democrática. Hoy, sin embargo, amplios sectores ciudadanos consideran que dicho modelo requiere ajustes profundos para adecuarse a una nueva realidad política, caracterizada por una ciudadanía más informada, más participativa, más demandante y menos tolerante frente al dispendio y los privilegios. 

Existen tres exigencias populares que se han consolidado con fuerza en el debate nacional: la reducción del dinero destinado a las campañas políticas, cuyo costo se percibe como excesivo frente a las necesidades sociales del país. La disminución del financiamiento público a los partidos políticos, bajo el principio de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos y la revisión y reducción de las diputaciones plurinominales, consideradas por amplios sectores como espacios que, en ocasiones, han servido más al interés de grupos y camarillas que a una auténtica representación ciudadana.

Esta reforma forma parte de las prioridades estratégicas de la actual administración federal. Desde 2025 se inició su diseño con la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, cuya misión fue recopilar propuestas mediante foros nacionales, consultas y encuestas ciudadanas.

En agosto de 2025, la presidenta anunció formalmente el inicio del proceso, estableciendo ejes temáticos derivados de la consulta nacional. En enero de 2026 se realizó la primera revisión integral del proyecto, incluyendo planteamientos para modificar el esquema de representación proporcional con mayor participación ciudadana.

El calendario político avanzó con definiciones claras: 3 de febrero de 2026: se confirmó que la iniciativa sería enviada al Congreso con respaldo de los aliados legislativos. 17 de febrero de 2026: la presidenta reiteró que la propuesta se enfocaría en reducir el financiamiento a partidos y los costos electorales. 18 de febrero de 2026: reunión en Palacio Nacional para afinar el documento final. 19 de febrero de 2026: se confirmó su envío al Congreso para el 24 de febrero.

No obstante, el camino no ha estado exento de tensiones. Al tratarse de una reforma constitucional se requiere para su aprobación de mayoría calificada en ambas cámaras, lo que ha obligado a negociaciones complejas dentro de la propia coalición gobernante (Morena, PT y PVEM), especialmente en el tema de la reducción de diputaciones plurinominales.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha reconocido públicamente las dificultades para construir consensos internos. Y es comprensible: toda reforma electoral redefine equilibrios de poder, modifica incentivos y afecta intereses establecidos.

Además, el factor tiempo es determinante. Para que la reforma pueda aplicarse en las elecciones intermedias de 2027, deberá aprobarse antes del junio de 2026.

Los puntos medulares de la propuesta incluyen: reducción de hasta 10 mil millones de pesos en gastos electorales, mediante ajustes al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Disminución del financiamiento público a los partidos políticos, bajo criterios de austeridad republicana. Reforma a la representación proporcional, reduciendo el número de diputaciones plurinominales de 200 a 100, con ajustes en distritación y mecanismos que incentiven mayor participación ciudadana. Revisión del número total de legisladores, en búsqueda de mayor eficiencia institucional. Mejoramiento de la representación de los mexicanos en el extranjero, facilitando su participación electoral.

En esencia, la reforma plantea una pregunta de fondo: ¿debe el sistema electoral seguir funcionando bajo parámetros de la transición democrática o debe adaptarse a una etapa de consolidación democrática con mayor austeridad y participación directa?

La Comisión Presidencial entregó el proyecto final a la presidenta el 18 de febrero para su revisión definitiva. Una vez enviada al Congreso, el debate será intenso, como corresponde a cualquier modificación constitucional.

La reforma electoral no es únicamente un asunto técnico; es, ante todo, una redefinición del pacto político. Por ello, la sociedad deberá observar con atención el posicionamiento y el voto de cada legislador.

La pregunta clave es: ¿Responderán los representantes populares al sentimiento mayoritario del pueblo mexicano o seguirán privilegiando los intereses de sus grupos internos y alianzas coyunturales?

La historia política reciente demuestra que cuando las reformas nacen de una demanda social autentica, terminan abriéndose paso. El desenlace de esta iniciativa marcará un nuevo capítulo en la evolución democrática del país.

Ojalá voten por el bien del pueblo de México.