Luis Enrique Sánchez Fernández

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no es un hecho menor. Tampoco es un episodio aislado. Es, sin duda, uno de los golpes más significativos que el Estado mexicano ha propinado al crimen organizado en los últimos años. Pero la pregunta no es si cayó el hombre más buscado. La pregunta es: ¿qué cae con él… y qué no?

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación no era solamente un jefe criminal. Era un símbolo del narcotráfico contemporáneo: expansión territorial agresiva, diversificación criminal, control de economías locales, penetración financiera y capacidad de fuego casi paramilitar. Su organización llegó a influir directa o indirectamente en más de una decena de estados y a operar redes
internacionales de tráfico.

Su abatimiento —resultado de inteligencia militar y cooperación internacional— representa una victoria operativa del Estado. Es un mensaje político hacia dentro y hacia fuera: el gobierno de Claudia Sheinbaum puede exhibir capacidad de acción y determinación frente a un adversario que durante años pareció intocable.

Pero la historia reciente obliga a la prudencia.

Cuando cayó Pablo Escobar en 1993, Colombia no despertó a la paz; despertó a la fragmentación criminal. Cuando fue capturado Joaquín Guzmán Loera, el mapa del narcotráfico mexicano no desapareció; se reconfiguró. Las estructuras criminales no dependen exclusivamente de un hombre: dependen de redes financieras, complicidades políticas, mercados internacionales y economías ilícitas
profundamente arraigadas.

La reacción violenta posterior —bloqueos, incendios, ataques coordinados— confirma que el poder territorial del grupo no era retórico. La violencia inmediata no es un signo de debilidad; es un intento de demostrar que la organización sigue viva. Y ahí radica el riesgo: la fragmentación interna puede generar más violencia en el corto plazo, disputas por liderazgo y mayor inestabilidad regional.

En el terreno económico, el impacto no es menor. Cada episodio de violencia de alto impacto eleva la percepción de riesgo país, afecta el turismo, encarece seguros, frena inversiones en zonas estratégicas y altera cadenas logísticas. El crimen organizado no es sólo un problema de seguridad: es un factor estructural que distorsiona mercados locales, impone extorsiones, controla precios y lava capitales
en circuitos financieros formales e informales.

En el ámbito internacional, la caída del Mencho tiene doble lectura. Por un lado, fortalece la cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia y combate al tráfico de fentanilo y metanfetaminas. Por otro, recuerda que el fenómeno es transnacional: mientras exista demanda de drogas, flujo de armas y sistemas financieros dispuestos a absorber capital ilícito, los liderazgos pueden cambiar, pero el negocio persiste.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿estamos ante el principio de una reducción estructural de la violencia o ante una reconfiguración del mapa criminal?

El Estado ha ganado una batalla importante. Eso es innegable. Pero la experiencia demuestra que la eliminación de un líder no equivale a la desarticulación de la estructura que lo sostuvo. Si no se atacan las finanzas ilícitas, la corrupción local, la captura de economías municipales y la debilidad institucional, el vacío de poder será ocupado.

La muerte del Mencho es una victoria táctica.

La paz, si llega, será estratégica… o no será.

Porque el problema nunca fue sólo un hombre. Fue —y sigue siendo— el sistema que permitió que ese hombre existiera.

Es cuanto.