El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado hasta ahora 17 denuncias contra funcionarios y perfiles vinculados a Morena, ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), por el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada con miras al proceso electoral de 2027.

Informó en conferencia de prensa, Mario Riestra Piña, dirigente estatal del blanquiazul, quien además detalló que estas quejas responden a una serie de irregularidades detectadas, que incluyen la colocación de espectaculares, difusión de imagen en medios de comunicación y el aprovechamiento de estructuras gubernamentales.

La lista de denunciados abarca desde presidentes municipales en funciones hasta miembros del gabinete estatal y federal. Entre los nombres destacados por Riestra Piña se encuentran:

Ediles en funciones: José Chedraui Budib (Puebla capital), Tonantzin Fernández (San Pedro Cholula), Severiano de la Rosa Romero (Amozoc), Guadalupe Bárcenas (Acatlán de Osorio) y Miguel Villalba Cabrera (Ahuacatlán).

Gabinete Estatal: Laura Artemisa García Chávez (Secretaría de Bienestar), José Luis García Parra (Coordinación de Gabinete) y Gabriela “La Bonita” Sánchez Saavedra (Secretaría de Juventud y Deporte).

Ámbito Federal y Legislativo: Rodrigo Abdala (Coordinador de Programas de Bienestar), Natalia Suárez del Real (Delegada de Bienestar) y la diputada local Nayeli Salvatori.

Incluso el propio Congreso de Puebla fue objeto de denuncia por el presunto uso faccioso de la institución en favor de la fuerza política mayoritaria.

La rueda de prensa no estuvo exenta de matices políticos, pues contó con la presencia de la diputada federal Genoveva Huerta Villegas, quien también ha sido señalada por supuesta promoción adelantada rumbo a los comicios de 2027, no obstante sobre su caso no se hizo algún comentario.

“Las quejas derivan de señalamientos relacionados con la promoción personalizada, el uso de recursos públicos y la colocación de espectaculares”, puntualizó Riestra Piña.

Con este movimiento, el PAN busca frenar lo que considera una “ventaja indebida” por parte del partido en el poder, dejando en manos del IEE la resolución de estas sanciones que podrían derivar en multas o inhabilitaciones para los implicados de cara a las próximas boletas electorales.