La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó la inmovilización financiera precautoria de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, y varios funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

La medida ocurre tras activarse alertas en el sistema financiero mexicano derivadas de acusaciones y órdenes de aprehensión emitidas por autoridades de Estados Unidos.

Sobre la medida ya se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mañanera de este lunes 18 de mayo donde adelantó que la UIF presentará un informe detallado sobre el caso.

Además, explicó que el congelamiento responde a un mecanismo automático de prevención debido a la estrecha relación de corresponsalía entre la banca mexicana y la estadounidense.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, detalló la mandataria.

En tanto, la UIF precisó en un comunicado precisó que la adición de estos nombres a la lista de bloqueo se realizó bajo la figura jurídica de “LPB 24 Horas”. Este esquema permite congelar de forma temporal los recursos financieros mientras se llevan a cabo los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

La dependencia aclaró de forma enfática que esta acción no constituye una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidad penal o administrativa. Asimismo, se informó que los afectados mantienen a salvo sus derechos de audiencia y defensa legal mediante los recursos administrativos y jurisdiccionales vigentes en la legislación mexicana.

Red de funcionarios bajo la lupa

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya se encuentra rastreando los movimientos financieros de Rocha Moya y de sus hijos, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz.

Según las investigaciones del gobierno estadounidense, los implicados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección a las operaciones de narcotráfico y posesión de armas de la facción criminal conocida como Los Chapitos.

Entre los perfiles catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) que fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) también se encuentran Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Enrique Inzunza, senador por Morena; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, ambos se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos.

Este golpe financiero se suscita en medio de una creciente presión bilateral entre México y Estados Unidos para desmantelar las redes de lavado de dinero y corrupción vinculadas al crimen organizado.