La organización Artículo 19 ha emitido un enérgico llamado al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que pongan un alto a la criminalización e intimidación de la que es objeto el portal de noticias e-Consulta y su director, Rodolfo Ruiz.

El llamado se hace tras la reactivación de una denuncia penal por supuesto lavado de dinero, un proceso que se originó en 2020 durante la administración de Miguel Barbosa y que ha sido reactivado justo después de que e-Consulta publicara información sobre la estrategia del gobierno estatal para obligar a funcionarios a emitir comentarios y likes positivos en redes sociales a favor del gobernador.

La denuncia original por lavado de dinero se deriva de auditorías fiscales inconclusas de enero de 2020, advirtió Artículo 19 en un comunicado, destacando que el proceso forma parte de una cadena de “más de 7 procesos judiciales” acumulados contra el medio y su director durante la administración anterior.

La organización ha señalado consistentemente que este tipo de acciones judiciales son Denuncias o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) y son “utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, así como censurar e intimidar a través de lo que implica en términos de recursos humanos y económicos el defenderse frente a estos procesos”.

La reactivación del caso penal ocurre en un contexto de discursos estigmatizantes emitidos desde el gobierno estatal. La organización recordó que, en ruedas de prensa, se han utilizado los espacios gubernamentales para “criminalizar a ese medio”.

Específicamente, se hace referencia a los señalamientos directos del gobernador Armenta contra Rodolfo Ruiz, a quien llamó “cobarde”, “canalla” y ciberdelincuente al acusarlo de una publicación en redes sociales que el periodista no había realizado. Estos señalamientos públicos confirman el clima de hostilidad contra la labor periodística de e-Consulta.

A estos antecedentes se suma la controversia por la reciente reforma en Puebla que tipifica el delito de ciberasedio. Artículo 19 ha mencionado que esta reforma ha sido cuestionada por organizaciones y periodistas al considerar que su ambigüedad podría generar un “efecto inhibitorio” para el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información.

Al exponer todos estos elementos, la organización insta al gobierno de Alejandro Armenta a “abstenerse de estigmatizar o criminalizar a periodistas y medios de comunicación” y pide a la FGE que evite utilizar recursos públicos en procesos judiciales cuya finalidad parece ser la intimidación de la prensa por sus publicaciones.

Finalmente, Artículo 19 extiende su llamado al Poder Judicial de Puebla, a quien solicita que, en el estudio y resolución de los procesos civiles o penales iniciados contra periodistas, se apliquen “los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico”.