En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 51 mil millones de pesos, monto sin aclarar que corresponde al quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El monto es equivalente a tres cuentas públicas de 2023, señaló David Colmenares Páramo, titular de la ASF ante los diputados y destacó que el mayor monto a aclarar es uno de 48 mil millones de pesos

Ante diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, destacó que solamente en su último informe hay un monto por aclarar de más de 48 mil millones de pesos.

“La cifra es respecto al Sistema Subnacional de Gobierno y prácticamente el doble de la determinada en la Cuenta Pública pasada (…) esto se explica por la mejora de nuestros procedimientos de auditoría, pero principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”, resaltó.

En cuanto a la fiscalización de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, se determinó un monto por aclarar de más de 8 mil 599 millones de pesos en las revisiones al sector público federal.

“De los cuales más del 80% de este monto se encuentra relacionado con entes como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur, por mencionar algunos”, indicó.

El auditor añadió que el 16% corresponde “a empresas productivas, subsidiarias y de control directo del estado y sólo un 4% se encuentra vinculado a las secretarías de Estado del gobierno federal”.

En cuanto a las auditorías forenses, resaltó que “por primera vez se están realizando sobre entes que históricamente no habían sido revisados con este nivel de profundidad”.

Del orden federal destacan Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI, mientras que en el orden estatal, “poderes judiciales locales, dos universidades autónomas y los Servicios de Salud de dos entidades federativas”.

El titular de la ASF aseguró que con “estas 29 auditorías de tipo forense, se determinó un monto por aclarar por más de 6 mil 700 millones de pesos”.

Pero también aclaró que todas las inconsistencias pueden resolverse en la segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.

En caso de que las inconsistencias no sean resueltas en dicha etapa se dará inicio a las investigaciones correspondientes, l”a presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables, según corresponda”.