Durante el tercer trimestre de 2020 el ayuntamiento de Puebla sancionó a 25 trabajadores por no presentar su declaración patrimonial a tiempo. Aunque la falta fue la misma en todos los casos, no se aplicó la misma amonestación.

El objetivo de hacer pública esta información es verificar que las propiedades que posee un funcionario coincidan con el salario que percibe; lo que al mismo tiempo funciona como indicador para saber que no incurre en actos de corrupción.

Si las posesiones aumentaran de manera irregular, habría razones para cuestionar cómo adquieren bienes que antes no estaban a su alcance, si su ingreso sigue siendo el mismo conforme con información del gobierno federal.

De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) los empleados que no cumplieron con su responsabilidad tenían los siguientes cargos: analista a, analista b, secretaría de juzgado, analista consultivo a, auxiliar, coordinador especializado, encargado de área y secretaría de juzgado.

En el periodo antes referido se desempeñaron en áreas como la Sindicatura Municipal, Coordinación de Regidores, Instituto Municipal del Deporte, Organismo Operador del Servicio de Limpia, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Administración, Secretaría de Movilidad, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

Además de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Coordinación de Regidores, Tesorería Municipal, Coordinación de Regidores, Industrial de Abastos Puebla y la Secretaría de Administración.

De los 25 sancionados, 18 únicamente fueron sancionados con una amonestación pública y éstos fueron: Aarón Castañeda Espejo, Alexis Salomón Salgado Gutiérrez, Anayeli Sánchez Ramos, Daniel Pérez Ramos, David Jonathan Morales Pérez, Edmundo de Jesús Varela Atanacio, Emmanuel Gavi Pacheco, Francisco Silverio Zúñiga Sánchez, Gabriela Bibiana Coutiño Ramírez y José Israel Martínez Suárez

Además de José Luis Angelo Guzmán Flores, Marco Antonio Márquez Juárez, María del Rocío Torres Cano, María del Socorro Resendíz Flores, María Elena Quintana Soto, María Elena Espejel Juárez, Ricardo Pérez Juárez y Susana Luna Alarcón.

Mientras que las amonestaciones privadas se aplicaron a Juan Pablo Jardón González y María del Rocío Judith Sánchez Sánchez y la inhabilitación laboral se aplicó a Leonardo Manzano Ortega y a Maricarmen López Roldán.

También fueron separados de sus cargos por un lapso de 15 días: Dulce Belén Capitanachi Morales, Orlando Cielo Martínez y Ricardo Ramírez Herrera.