El Cabildo de San Andrés Calpan presentó ante el Congreso de Puebla la solicitud formal para destituir al alcalde morenista Vicente Sánchez Méndez, a quien desde principios de semana destituyeron, proceso que ante la ley careció de validez.

Guadalupe Vargas, la presidenta de la Mesa Directiva, dio lectura a la solicitud del Cabildo, misma que responde a faltas administrativas graves que ha cometido el alcalde.

Las faltas que acusan se refieren al mal manejo de recursos públicos y nepotismo.

Sobre la solicitud de revocación de mandato, Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, precisó que formalmente aun no han recibido la solicitud de revocación, ni tampoco han sido notificados de la presunta destitución del edil.

En ese tenor, señaló que el tema sigue en manos de la Secretaría de Gobernación, única entidad que puede definirá si las acusaciones contra el edil ameritan la revocación.

No obstante, adelantó que por ahora quienes han cometido una falta son los integrantes del Cabildo y no el edil.

“(..) en cancha de Gobernación y, al parecer, es el Cabildo quien cayó en irregularidades al tomarse atribuciones que no le corresponden, pero está bajo revisión y al Congreso no ha llegado ningún proceso, por lo tanto, no podemos iniciar su revisión”.

Familia en nómina

Una de las razones por las que los regidores exigieron la destitución del edil, fue porque lo acusaron de incluír en la nómina del ayuntamiento por lo menos a nueve de sus familiares, entre ellos sus sobrinas Diana y Melissa López Sánchez, así como María Teresa Gómez Sánchez, en el DIF municipal. Otras dos sobrinas, Diana Vicente Jiménez y Ana Karen Méndez Vicente, en la Dirección de Obras y en la biblioteca municipal, respectivamente.

También sumó a Idamis Álvarez Castellanos y José Luis Hernández Sánchez, ambos sus primos y ahora integrantes de la dirección municipal del deporte.

Además de Arturo Castellanos Alameda y Afra Matilde Castellanos Valenzuela.

En cuanto al tema financiero, los regidores acusaron que desde la llegada de Vicente Sánchez, la deuda del municipio se disparó, pasando de casi un millón de pesos a 7.4 millones, endeudamiento que contrasta con la falta de obra pública.

También acusaron desvío de recursos, pues presuntamente el edil habría destinado el 82% de los recursos etiquetados para el ramo 28, para el pago de nomina, además habría creado nuevas plazas sin justificación administrativa, mismas que se entregaron a familiares.

La destitución por la que la Secretaría de Gobernación acusa al cabildo de cometer irregularidades, ocurrió el pasado martes 27 de mayo en la sesión en la que también removieron de su cargo a Reyna Marcos Flores, la contralora y quien se habría negado a informar la situación financiera del Ayuntamiento.

En su lugar se nombró a Rafael Cortés Mendoza como contralor, en tanto como edil designaron a Bertín Bermeo Morales, sin embargo ninguno de estos nombramientos son válidos ante las autoridades estatales.