Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de gobernación, anunció que, tras la liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, principal involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, iniciarán una investigación contra exfuncionarios y jueces responsables de los casos.

Durante la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), calificó de lamentable la liberación de uno de los principales involucrados, quien se convirtió en el señalado número 53 en ser liberado por las autoridades.

“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada. Y lamentablemente no es el único”

Por ello informó de la situación legal de los detenidos y las medidas que se tomarán para evitar que otros 50 presuntos responsables sean liberados.

Del 26 de septiembre de 2014 al pasado 30 de agosto, 142 personas fueron detenidas por el caso Ayotzinapa; de ellas, 70 fueron procesadas por el delito de secuestro a los normalistas.

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Sin embargo, a lo largo de estos años, los involucrados han obtenido su libertad debido a que se ha confirmado violaciones al debido proceso, incluyendo 29 casos de tortura, lo cual ha permitido la liberación de varios implicados en la desaparición.

En este sentido, el funcionario señaló que la mal llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, enunciada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se construyó con base en la simulación, fabricación de pruebas, en la tortura, “en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”.

“Habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se imputaron a los detenidos”.

La nueva indagatoria incluso alcanzará a todos los funcionarios implicados, incluidos el extitular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, señalado por sembrar pruebas en el río San Juan, donde fue hallado un hueso de uno de los estudiantes desaparecidos.

Además, el presidente López Obrador también giró instrucciones para indagar a los jueces responsables de la liberación de los presuntos delincuentes.

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Ejemplo de ello es Samuel Ventura Ramos, juez de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, que dictó la sentencia absolutoria en favor de El Gil, luego de que desestimara 44 pruebas en contra del sospechoso por el delito de secuestro y sólo analizar 162 de los 791 tomos de averiguación.

Cuestionó que, si bien no se aplicó la prueba de audiometría, la entonces Procuraduría General de la República aplicó el Protocolo de Estambul para determinar que éste y otros detenidos no habían sido torturados, no obstante, el juez consideró que sí hubo un delito contra el detenido por lo cual lo dejó en libertad.

“El juez tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no va a poder explicar este acto de injusticia con las víctimas”.

El pronunciamiento se hace a 22 días de conmemorarse el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, quienes de acuerdo con la “Verdad Histórica” fueron confundidos con integrantes de una organización criminal rival, asesinados y calcinados en un basurero de Cocula, sin que quedaran rastros de los cuerpos.