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5 abril, 2022

Redacción PH

Gobernador de Nuevo León propone multas y prisión por desobedecer o insultarlo

Redacción PH

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, propuso, como parte de la reforma a la constitución local, que se castigue con multas y hasta prisión a quien desobedezca o “falte al respeto” al gobernador.

Así se advierte en la iniciativa de reforma a la Constitución local que presentó ante el Congreso del estado y ya fue turnada a la comisión de puntos constitucionales.

García Sepúlveda justificó que iniciativa afirmando que la Constitución de Nuevo León ha estado en vigor poco más de 100 años y durante ese tiempo han ocurrido transformaciones políticas y sociales que tienen que reflejarse, no obstante lo que ha causado varias críticas es la sección tercera que corresponde a las facultades y obligaciones del gobernador del Estado.

Y una de esas facultades, de acuerdo con el artículo 135 es que el titular del Poder Ejecutivo pueda “imponer multas que no excedan del importe de un jornal o salario de un día o arresto por hasta 36 horas, a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaren al respeto debido en los términos del artículo 15 de esta Constitución”.

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En tanto, el artículo 15 dice que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, además de que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales le corresponde al MP y la ley será quien determine los casos en que particulares ejerzan acción penal ante la autoridad judicial”.

Afirma que la imposición de penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Además, que cuando el infractor de los reglamentos gubernativos es jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con una multa mayor al valor de la UMA diaria. En caso de personas no asalariadas, la multa no deberá ser mayor a un día de su ingreso.

En cualquier caso, el arresto no podrá pasar de 36 horas.

Debe mencionarse que el “delito” ya está contemplado en la Constitución vigente, contradiciendo así la justificación de contar con una ley que refleje las transformaciones políticas y sociales que ha sufrido el estado.

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