18 febrero, 2020
Redacción PH
Karen Jurado
En Estados Unidos, los migrantes indocumentados pagan más impuestos que las firmas de servicios por internet, petroleras, farmacéuticas y telecomunicaciones, incluso más que las industrias aeroespacial y militar, según un informe del Instituto de Fiscalía y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés).
Se estima que, a nivel estatal y local, lo que pagan los trabajadores indocumentados en impuestos de consumo, propiedad y vivienda, suman 11 mil 700 millones de dólares al año, mientras que las empresas más rentables de este país como Amazon, Chevron, Delta Airlines, FedEx, General Motors, Netflix y Starbucks, evaden 73 mil 900 dólares.
El ITEP señala que los trabajadores indocumentados, lejos de costar millones de dólares, como ha afirmado el presidente Trump, aportan un dólar a las tesorerías por ocho que se logran gravar de los ingresos federales. Se estima que en 2014, los migrantes pagan un 8 por ciento de sus ingresos en impuestos, mientras que el más rico de los contribuyentes de Estados Unidos tributa 5.4 por ciento.
En 2017, Donald Trump logró reducir la tasa fiscal corporativa de 35 a 21 por cierto, a aplicarse a partir de 2018. Con esto, las empresas, en el primer año de esta nueva reforma, lograron evadir casi la mitad del 21 por ciento que establece la ley a tributar.
En 2018, entre las empresas más importantes listadas por la revista Fortune, 379 tuvieron ganancias de 765 mil 688 millones de dólares, lo que equivale al 60 por ciento del producto interno bruto de México, y pagaron en impuestos 86 mil 243 millones entre todas. Cabe aclarar que todas estas empresas están por debajo de lo que retribuyen los indocumentados que no tienen derechos como residentes ni como trabajadores.
El ITEP, subrayó que dar reconocimiento legal a los indocumentados equivaldría a elevar la recaudación estatal y local un 2 mil 180 millones de dólares cada año y la tasa efectiva de impuestos subiría a 8.6 por cierto. A pesar de esto, la administración actual apela a un periodo para gravar las remesas a México y otro por hacerlo hacia Guatemala.
La firma Deloitte señaló que los migrantes envían a su país un 10 por ciento de sus ingresos y aplicar esta medida implicaría darle un estatus legal a estos recursos y, por ende, al trabajo de los migrantes; lo que llevaría a legalizar sus empleos y otorgarles derechos laborales.
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