9 julio, 2024
Pedro Lara Hernández
“Es tiempo ya de abordar con calma y serenidad de ánimo la cuestión de las reformas constitucionales, pues de ella depende la estabilidad de las instituciones políticas y el asiento del edificio social. Cuando las autoridades de todas las categorías den el ejemplo de sumisión a la ley, todos los derechos estarán protegidos, todas las garantías se sentirán amparadas”
Francisco Zarco. Político mexicano.
El artículo 49 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicano establece: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Para entender de manera sencilla en que consiste la reforma al poder judicial es necesario reconocer que uno de los principales problemas de nuestro país es la corrupción.
Ese fue uno de los planteamientos más sólidos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes y durante su gobierno. Evitar actos de corrupción en el Poder Judicial Federal motiva la necesidad de una profunda Reforma.
Es fundamental comprender que existe un problema en la arquitectura constitucional del sistema político mexicano, en la forma en que se designan actualmente los jueces, magistrados y ministros del poder judicial federal. Como consecuencia, su actuación jurisdiccional no responde a los intereses del pueblo de México, sino a los intereses de quienes los designan.
La actitud soberbia y prepotente que caracteriza a la mayoría de los integrantes del Poder Judicial Federal, por sentirse intocables, cobrar desproporcionados salarios y tener grandes privilegios, los hace cometer actos de corrupción, nepotismo e irregularidades en la selección de sus integrantes. El escritor J. Jesús Lemus escribe puntualmente en su libro El Cartel Judicial, que de cada 10 jueces de Distrito, 7 incurren en actos de nepotismo. Y solo 1 de cada 10 jueces ha llegado a su puesto por examen de oposición.
El 1º de julio de 2018, el pueblo de México, con su voto a favor del candidato Andrés Manuel López Obrador expresó un rotundo ¡Basta! a la corrupción. Ese mandato político de los mexicanos cambió el poder Ejecutivo y el Legislativo, pero no cambió al Poder Judicial. Es decir, el pueblo solo pudo reformar con su voto a dos de los tres poderes que conforman el sistema de gobierno mexicano.
Por tanto, el cambio de régimen que ordenó el pueblo de México en las urnas no pudo completarse porque la constitución establece que el poder judicial es intocable. Por ello, es imprescindible reformar la Constitución para que el pueblo tenga la potestad de elegir a los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión.
El destacado jurista mexicano y ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, afirma: “La justicia en México esta rota y debe cambiar. Hoy tenemos un claro mandato popular que no podemos traicionar. Construir una justicia que escuche los reclamos y necesidades de la gente. Que rinda cuentas al pueblo y sea motor de paz, igualdad y prosperidad.”
Tuvimos que esperar un sexenio para estar en posibilidades reales de cambiar el personal maleado del Poder Judicial Federal, y darnos cuenta que este poder estorba el trabajo político de un gobierno democrático. El pasado 2 de junio, el pueblo dio la oportunidad de reformarlo. Con su voto, el pueblo dijo adelante: Queremos un gobierno democrático.
Ya están en marcha los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, para que próximamente El Congreso de la Unión reforme la Constitución y el pueblo de México pueda elegir de manera democrática a las autoridades del poder judicial.
1.- Se propone reducir el número de ministros de 11 a 9 integrantes, y el periodo de su encargo de 15 a 12 años; se eliminan las dos salas; se elimina la pensión vitalicia y sus remuneraciones no rebasarán lo que gana el presidente de la república.
2.- Se propone la elección por voto popular de 9 Ministros de la Suprema Corte de Justicia; 5 Magistrados del Nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; 7 Magistrados del Tribunal Electoral Federal; 18 Magistrados de las Salas Regionales Electorales; 896 Magistrados de Circuitos y 756 Magistrados de Distrito.
3.- Se propone crear el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de administración Judicial.
4.- Se plantean nuevas Reglas Procesales.
El único bastión político que le queda a la derecha nacional es el poder judicial de México, por eso hacen tanto ruido mediático ante su eminente Reforma. No quieren perder esa estratégica posición política. Desean seguir influyendo y apoyando a la oligarquía nacional y extranjera deteniendo las reformas constitucionales que necesita la Cuarta Transformación para seguir beneficiando al pueblo.
¡Qué bueno que la Casta Dorada tiene sus días contados!
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