6 junio, 2025

Redacción PH

Irene Olea, ex edil de Izúcar, deberá declarar por detención y tortura a dos periodistas

A dos años de la detención arbitraria y tortura de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó el inicio del proceso penal contra Irene Olea Torres, ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros.

La diligencia fue confirmada por una de las víctimas este viernes 6 de junio, mientras que la audiencia inicial está programada para el lunes 9 de junio en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, en el Cereso de San Miguel. No obstante, la notificación oficial aún no ha sido entregada por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Sur.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión promovió la audiencia para formular imputación contra Olea Torres, acusándola de falsificación de documentos y declaraciones falsas para encubrir abusos policiales.

De acuerdo con Michelle Hoyos, la exalcaldesa, a quien también señaló como autora intelectual de la violación a sus derechos humanos y tortura, ocultó información para proteger a los elementos municipales involucrados en actos de abuso de autoridad y tortura.

Desde su cuenta en la red social X, Michelle Hoyos también señaló que aunque el exhorto judicial fue recibido hace una semana, aún no se ha notificado oficialmente a Olea Torres, por lo que cuestionó si el retraso se debe a presiones externas o incentivos económicos.

Finalmente, la comunicadora exigió el cumplimiento del proceso judicial y recordó que seis de los once servidores públicos vinculados a la investigación continúan bajo prisión preventiva.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron en marzo de 2023, cuando Natalie y Michelle Hoyos fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura física y psicológica por policías municipales durante una protesta feminista. Las agresiones incluyeron violencia sexual y amenazas, además de la negación de atención médica.

Debe recordarse que el 13 de mayo de 2025, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ordenó prisión preventiva para cinco policías en funciones y un exjuez municipal involucrados en el caso.

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