30 agosto, 2018
redaccionph
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra el 30 de agosto, Reporteros sin Fronteras (RSF) recordó que desde hace 15 años en México 21 periodistas se encuentren desaparecidos, “un récord trágico en el continente americano”.
Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, los estados gangrenados por el crimen organizado y la corrupción, registran más asesinatos de periodistas y ahí se concentra la mayoría de las desapariciones.
Lo anterior debido a que no existe información pública detallada sobre los avances de las investigaciones, la mayor parte de ellas en las Fiscalías locales, ni un plan integral de resarcimiento para las familias como plantea la recomendación N°24 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México del 8 de febrero de 2016.
Es decir, se infiere una implicación directa o tácita de los estados en las desapariciones forzadas.
“Son los poderes establecidos, o personas o grupos que actúan con su consentimiento, quienes detienen, secuestran y privan de su libertad a las personas que les molestan”.
Este delito multiforme, perpetrado con toda discreción e impunidad por cada vez más regímenes en el mundo, es reconocido desde 2002 como un crimen de lesa humanidad, subraya RSF.
En México –que ocupa el lugar 147, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF–, en los casos de desaparición suele mencionarse la responsabilidad de los cárteles de la droga. A menudo los allegados de las víctimas sospechan que funcionarios del gobierno podrían estar implicados.
n cualquiera de los casos, las denuncias de las familias no prosperan y las investigaciones se estancan, incluso las emprendidas a escala federal por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
En su informe “Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo”, publicado en 2017, RSF recomendó a la Feadle que en los casos de desaparición se implementen dispositivos de atención específicos y que se informe correctamente y con toda transparencia a los familiares de las víctimas. No obstante, en 2018 la situación ha empeorado y la Feadle, aunque tiene la faculta de atraer investigaciones realizadas a escala local –donde con frecuencia los funcionarios están implicados y las investigaciones no avanzan–, aún atrae muy pocos casos a escala federal para que sean tratados.
“Hacer desaparecer a un periodista es un crimen que no puede permanecer impune”, advierte Emmanuel Colombié, director del despacho América Latina de RSF.
Por ello, en el marco de cambio de presidente, el organismo defensor exige al nuevo gobierno redoblar sus esfuerzos para que las investigaciones y la coordinación entre la Feadle y la nueva Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada dé resultados.
“Frente a la magnitud de este fenómeno, las medidas simbólicas no son suficientes”.
Finalmente, Reporteros Sin Fronteras recuerda a Iberoamérica y al mundo, los nombres de los periodistas mexicanos desaparecidos desde 2003:
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