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16 abril, 2019
redaccionph
Un juez federal giró orden de aprehensión contra los cuatros involucrados en el presunto delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, durante su detención hace 14 años.
La decisión de un juez adscrito al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, en el expediente 09/2019-IV, surge a partir de la negativa de otro juez a ejecutar “el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación”.
Fuentes del gobierno federal confirmaron que el pasado 11 de abril, la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, fue quien se negó a revocar el acuerdo del juez Segundo de Distrito del estado, con lo cual se negó a librar la orden de aprehensión en contra de los exfuncionarios y el empresario.
Ahora, a casi 14 años del excesivo despliegue de poder contra la periodista en su detención, Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla; Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial; Juan Sánchez Moreno, excomandante de la policía y Kamel Nacif Borges, empresario textilero y tío del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge Angulo, deberán responder ante la justicia.
Ahora será el turno del ministerio público federal iniciar la búsqueda y detención de los inculpados, mientras que el juez de Distrito deberá realizar todos los trámites correspondientes para cumplir la resolución y que resuelva sobre la suspensión de los desechos políticos de los inculpados.
La periodista Lydia Cacho ya fue notificada de la resolución del Tribunal Unitario.
Cabe recordar que hasta este lunes, Ramón Fernández Solana, coordinador de Alberto Jiménez Merino candidato priista a la gubernatura de Puebla, descartó la existencia de alguna orden de aprehensión contra el exmandatario, quien estaba de vacaciones.
“Estamos en un periodo vacacional y él está de vacaciones, hasta el día de hoy no tenemos nada confirmado, al día de hoy esto responde, repito, más a un tema político de presión que a una orden judicial”.
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